El senador cartista Hernán David Rivas (hijo); el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes y el intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Rivas (ANR, HC). GENTILEZA
La fiscala Patricia Sánchez confirmó la recepción de una amenaza vinculada a la causa contra Hernán Rivas. El mensaje provino de una tercera persona y buscaba frenar la apelación del sobreseimiento del legislador. Rivas, senador de la ANR-HC, enfrenta un proceso por un supuesto título falso de abogado. Sánchez ratificó que la advertencia no fue directa, pero sí estuvo claramente direccionada hacia su labor.
La agente del Ministerio Público brindó detalles sobre esta situación en contacto con radio Monumental 1080 AM. Explicó que el recado recibido tiene una carga específica sobre su desempeño profesional en la unidad penal. “Se recibe una amenaza de una tercera persona. No es directa, pero sí está direccionada”, resaltó Sánchez durante la entrevista. Por razones de seguridad, la funcionaria evitó profundizar en pormenores técnicos del amedrentamiento recibido recientemente.
Sin embargo, la denuncia formal ya fue remitida a Emiliano Rolón, fiscal general del Estado. En el documento, Sánchez manifestó que un senador le advirtió que su cargo estaba en peligro inminente. Esta advertencia condicionaba su permanencia a la decisión de no recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscala enfatizó que el mensaje guarda relación con la gravitación de la causa en el sistema judicial.
La investigadora alegó que estas presiones políticas ocurren de forma constante en diversas causas judiciales. Según su versión, los agentes fiscales enfrentan este clima de inseguridad a toda hora en el país. Por ello, se desarrollan herramientas regionales y mesas de trabajo para fortalecer la seguridad institucional. Estas iniciativas incluyen convenios internacionales para establecer protocolos de protección efectivos ante las amenazas externas.
Sánchez recordó que asumió la investigación en octubre de 2023, enfrentando diversos obstáculos desde el inicio. El diseño procesal de la causa presentó dificultades técnicas que marcaron el rumbo de la acusación fiscal. La agente aclaró que su enfoque no fue la producción material del título universitario o el certificado escolar. Ella centró su trabajo en la producción de documentos públicos de contenido falso, como matrículas y resoluciones oficiales.
La fiscala puntualizó que existe una diferencia sutil pero fundamental en la calificación jurídica del hecho. El político colorado está acusado específicamente por el uso de documentos públicos con contenido no veraz. Sánchez detectó, junto a su colega Luz Guerrero, un error judicial relevante en la conducta del procesado Rivas. Este consistió en la declaración de poseer el rango de abogado sin contar con el respaldo legal.
“El mensaje no lo recibí de forma directa”, reiteró Sánchez para separar la responsabilidad del intermediario del autor intelectual. La fiscala mantiene su postura de proteger su integridad física y la estabilidad de su equipo de trabajo. El Ministerio Público ahora debe decidir los pasos a seguir tras la comunicación oficial al Fiscal General. La opinión pública observa con atención la respuesta institucional ante esta presión política sobre la justicia paraguaya.
Fuente: Última Hora
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