Óscar Venancio Núñez fue condenado a 11 años de cárcel. Gentileza ÚH
El exgobernador Oscar Núñez recibió una condena de 11 años por corrupción. El Tribunal probó un perjuicio de 42.000 millones de guaraníes contra el Estado. Las juezas Elsa García, Claudia Criscioni y Cándida Fleitas dictaron el fallo. Sin embargo, existe alerta sobre posible impunidad en Apelaciones. La abogada María Esther Roa advirtió sobre este riesgo.
La Sentencia Nº 572 detalla cómo se dilapidó dinero público para fines privados. El 16 de enero de 2013, Núñez emitió un cheque millonario institucional. El cobro lo realizó Emigdio Franco Rotela, un policía ajeno a la administración. Ese dinero canceló una deuda de carrera de caballos del gobernador. Por lo tanto, el erario pagó vicios particulares.
Las juezas fueron categóricas al analizar este hecho en su sentencia. “Es decir que el gobernador Núñez, pagó con dinero de la gobernación una cuenta o deuda que tenía con Emigdio Franco (padre) por una carrera de caballos”, refirieron. Este esquema de pagos privados con fondos estatales fue constante. El patrimonio público se utilizó como caja personal para fines recreativos de la autoridad.
Julio Núñez, hermano del exgobernador, participó activamente en este desvío de recursos. En 2011 depositó 52 millones de guaraníes en su cuenta personal bancaria. El monto provenía de un cheque de la Gobernación de Presidente Hayes. Además, Carlos Samaniego efectivizó 80 millones y entregó el efectivo a Núñez. Samaniego no era funcionario al operar ilegalmente.
Edgar Pérez Gallardo, edecán de Núñez, fue clave en la efectivización de cheques. Cobró documentos bancarios por 1.838 millones de guaraníes desde el año 2010. Siempre entregó el dinero en efectivo al exgobernador en su despacho oficial. Estas operaciones carecían de respaldo documental o justificación administrativa. Sin embargo, se mantuvieron vigentes durante casi todo el mandato.
Núñez continuó beneficiándose de los recursos institucionales tras dejar el cargo. Un cheque de 11 millones saldó una deuda privada con la madre de Julio Chamorro. Por lo tanto, las obligaciones personales de Núñez pesaron sobre el presupuesto estatal departamental. Además, se detectaron pagos a empresas que jamás prestaron servicios reales a la gobernación.
Denisse Allende efectivizó cheques por orden de Oscar Núñez para terceros sospechosos. Uno de los beneficiarios aparentes era el empresario local Alejandro Vargas. Sin embargo, se probó que Vargas nunca cobró esos montos ni trabajó allí. Este mecanismo permitía retirar efectivo sin dejar rastros financieros. El esquema buscaba burlar los controles administrativos mínimos de la institución.
Los préstamos informales también se cancelaron con fondos públicos de la gobernación. Oscar Daniel D’eclesis prestó 200 millones a Núñez durante el año 2011. El gobernador devolvió el capital con cheques institucionales a nombre del prestamista. Además, se incluyeron pagos por combustible privado en estas transacciones irregulares. El uso de cheques al portador facilitó estas maniobras.
Nancy Núñez, exsecretaria de Finanzas, favoreció sistemáticamente a sus familiares cercanos. El fallo judicial reveló el uso de fondos públicos para cubrir gastos personales. Entregó numerosos cheques a su esposo, Rubén Roussillón, actual diputado nacional. Cobró más de 800 millones de guaraníes sin tener vínculo laboral formal. Estas acciones demuestran un manejo familiar de fondos públicos.
Muchos cheques firmados por Nancy Núñez carecían de cualquier respaldo legal legítimo. El diputado Roussillón efectivizó pagos destinados originalmente a comisiones y consejos educativos. Además, la exadministradora saldó deudas de la estación de servicio familiar Don Atilio II. Estos pagos se realizaban con cheques estatales que superaban los montos reales adeudados.
Petrona Candia recibía estos documentos para cobrar deudas de la familia Roussillón. Al ser montos superiores, ella entregaba el vuelto en efectivo a la secretaria. Asimismo, empleados de la estación de servicio familiar cobraban cheques estatales para su patrón. El flujo de capital público hacia el sector privado fue constante. Sin duda, el desvío fue estructural y probado.
Edulfo Verón fue condenado a 6 años por participar en este desvío. Otros implicados recibieron penas de entre 3 y 7 años de cárcel. Nancy Núñez fue sentenciada a 5 años por el manejo ilegal de recursos. Actualmente, se aguarda que la Cámara de Apelaciones ratifique estas condenas.
Fuente: El Observador
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