Gobernadores habían pedido al presidente de la República, Santiago Peña rechazar este proyecto.
La Cámara de Diputados aprobó devolver el control de Hambre Cero a dos gobernaciones. Estas son las administraciones departamentales de Concepción y Alto Paraná. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria tras modificar el proyecto del Senado. De esta manera, ambas regiones recuperan la gestión directa de los recursos nutricionales.
El proyecto original fue impulsado por el senador Silvio Ovelar en la Cámara Alta. Sin embargo, los diputados consideraron necesario ajustar el artículo 9 de la Ley 7264/24. La mayoría oficialista argumentó que la propuesta del Senado respondía a rencillas internas. Según los legisladores, la iniciativa inicial buscaba debilitar a ciertos administradores regionales.
La modificación legislativa fue dictaminada por la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara Baja. El oficialismo parlamentario defendió la autonomía de las instituciones del interior del país. Por lo tanto, el control de los fondos volverá a manos de los gobernadores mencionados. Esta medida pretende asegurar la ejecución local del programa de alimentación escolar.
El diputado Hugo Meza habló en representación de la bancada de Honor Colorado. Sostuvo que la intención del Senado era puramente electoral y buscaba golpear a contendientes. “Esta modificación a la ley tiene un olor a vendetta política”, afirmó el legislador cartista. Además, indicó que el propósito de la Cámara Alta era asustar a futuros competidores políticos.
Por su parte, el diputado Miguel Del Puerto calificó el plan anterior como un retroceso. El líder de la bancada oficialista defendió la administración descentralizada de los recursos estatales. Sostuvo que programas como Hambre Cero deben fortalecer las instituciones del interior paraguayo. “La media sanción del Senado de modificar las reglas de juego es un gran retroceso”, manifestó.
Desde la oposición, el diputado Adrián Vaesken cuestionó la exclusión de otras zonas departamentales. Se refirió específicamente a los casos de las gobernaciones de Central y Presidente Hayes. Vaesken atacó la ley por considerarla inconstitucional al centralizar recursos de manera arbitraria. Sostuvo que la descentralización no debe aplicarse bajo criterios políticos o favoritismos personales.
Vaesken predijo que el programa Hambre Cero enfrentará dificultades financieras en el futuro cercano. Afirmó que el proyecto estrella del Ejecutivo podría fracasar por falta de financiamiento adecuado. Por ello, propuso reincorporar a todas las gobernaciones para garantizar un equilibrio administrativo justo. El legislador lamentó que se castigara a las regiones gobernadas por sectores opositores.
El diputado Antonio Buzarquis también se sumó a las críticas contra la centralización excesiva. Instó a que todas las gobernaciones aseguren el control operativo del programa alimentario escolar. Argumentó que los castigos políticos no deben afectar la nutrición de los estudiantes paraguayos. Además, señaló que la Contraloría y la Fiscalía deben intervenir si existen denuncias de mal manejo.
En el caso de Concepción, el presupuesto regional depende altamente de estos recursos estatales. El diputado Emilio Pavón explicó que el programa representa hasta el 75% de sus fondos. Por lo tanto, la quita de este rubro causaría una depresión económica en el departamento. Arturo Urbieta añadió que esto afectaría el empleo de las cocineras y la agricultura familiar.
El diputado Roberto González solicitó formalmente la reincorporación de Central y Presidente Hayes. Recordó que el Ministerio de Desarrollo Social controla actualmente el dinero de esas regiones. González criticó que se use el argumento de la transparencia para excluir a gobernadores opositores. Recordó que el oficialismo ya tuvo casos de mala gestión de fondos en el pasado.
La votación final mostró una fractura interna dentro de la bancada del Partido Liberal. Unos 60 diputados votaron a favor de devolver los fondos a Concepción y Alto Paraná. Sin embargo, solo seis legisladores apoyaron la inclusión de Central y de Presidente Hayes. Entre ellos, apenas tres diputados liberales respaldaron al gobernador Ricardo Estigarribia en este reclamo.
La diputada Rocío Vallejo cuestionó la existencia de gobernaciones de primera y segunda categoría. Sostuvo que nunca se explicó técnicamente por qué se excluyó a la Gobernación de Central. Por su parte, Raúl Benítez calificó el programa como un botín político del Gobierno actual. Finalmente, Johanna Ortega denunció que la centralización en Desarrollo Social debilita el control y la transparencia.
Fuente: Última Hora
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