Los usuarios soportan constantes reguladas de buses. Foto: Archivo ÚH.
El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió hoy más de 3,8 millones de dólares a los transportistas. Este monto corresponde al pago del subsidio por el operativo de febrero de 2026. Además, se suman 3,1 millones de dólares enviados la semana pasada como compensación. El desembolso total alcanzó la cifra de 6,9 millones de dólares en pocos días.
Con estos pagos, el Ejecutivo cumple el acuerdo firmado el pasado 29 de marzo. El objetivo institucional es garantizar la prestación del servicio básico a la población. Sin embargo, los pasajeros denuncian que el sistema sigue colapsado diariamente. Las largas esperas en paradas y terminales persisten a pesar de la millonaria transferencia.
Los usuarios del transporte no recibieron ninguna compensación por las pérdidas del reciente paro. Muchos ciudadanos perdieron tiempo y dinero en transbordos adicionales o jornadas interrumpidas. Mientras tanto, los pagos a los empresarios se realizaron de manera inmediata y sin demoras. Por lo tanto, el malestar social crece ante la falta de mejoras reales en el sistema.
El Gobierno cedió a la exigencia gremial y suspendió la aplicación de sanciones vigentes. Esta medida afecta directamente a la resolución número 120 del Viceministerio de Transporte. Dicha normativa buscaba frenar las denominadas reguladas que afectan a miles de personas. La decisión forma parte del pacto político para levantar el paro del último fin de semana.
La tecnología de monitoreo mediante GPS ya fue desarrollada por técnicos del viceministerio. El sistema permite verificar en tiempo real si las empresas cumplen con sus frecuencias. También incluye análisis de datos y validaciones georreferenciadas para detectar faltas operativas. Sin embargo, el eje sancionador queda suspendido sin una fecha de inicio establecida.
Los transportistas exigieron que no se apliquen multas hasta que se liciten nuevas unidades. Este proceso se daría dentro del marco de la futura reforma del transporte público. Por consiguiente, la herramienta de control queda sin efecto práctico por tiempo indefinido. Los usuarios continuarán padeciendo la falta de unidades en las calles en horarios pico.
Existe una total incertidumbre sobre los sumarios abiertos a las empresas del sector. Un total de 28 firmas se sumaron a la medida de fuerza que paralizó la ciudad. Hasta el momento, el Gobierno no brindó detalles sobre el avance de estas investigaciones. Por lo tanto, la transparencia sobre las responsabilidades administrativas sigue siendo una deuda estatal.
Actualmente, la brecha entre el costo estatal y la calidad del servicio es cada vez mayor. Las autoridades insisten en que la reforma es el camino para ordenar el tránsito masivo. No obstante, las concesiones a los gremios generan dudas sobre la firmeza institucional del Estado. La situación actual exige un compromiso real con el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos.
El cumplimiento de los acuerdos financieros no detuvo las quejas por el mal estado de las unidades. Las transferencias millonarias contrastan con la precariedad que enfrentan miles de pasajeros cada mañana.
Fuente: ABC Color
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