Norma Zárate de Monges.
La Gobernación de Paraguarí se encuentra en el centro de un grave escándalo administrativo y judicial tras la desvinculación de Sonia Karina Soledad Flores. La afectada, quien se desempeñaba como funcionaria nombrada, denunció públicamente la anulación de su estabilidad laboral por supuestas represalias partidarias. El conflicto involucra directamente a la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate, cuya administración habría ejecutado la medida sin un proceso legal previo. Este caso resalta por la vulneración de derechos laborales de una profesional que accedió al cargo mediante concurso de méritos.
La medida adoptada por la Gobernación de Paraguarí ocurre en un contexto de fractura interna dentro del movimiento Honor Colorado. Según los datos expuestos, la salida de Flores responde a una disputa política entre la gobernadora Zárate y el ministro Juan Carlos Baruja. La denunciante afirmó que su despido se produjo luego de negarse a participar en actividades proselitistas de la jefa departamental. Esta presión política se ejerció incluso conociendo que la funcionaria atraviesa un tratamiento médico por una enfermedad compleja.
Sonia Flores ingresó a la institución en el año 2018 bajo la gestión de Baruja y logró su nombramiento formal tras siete años de servicio continuo. La afectada cuestionó la legalidad de la resolución firmada por la jefa departamental, señalando la ausencia de una causa justificada. “Un nombramiento no se puede quitar a no ser que haya un sumario previo”, enfatizó la profesional al exponer su situación. Flores aseguró que jamás tuvo amonestaciones y que su evaluación de desempeño en diciembre pasado alcanzó el 100%.
La denunciante anunció el inicio de acciones judiciales para que la gobernadora Norma Zárate responda de forma personal por esta decisión administrativa. El planteamiento legal busca evitar que la responsabilidad recaiga únicamente en la dirección de Recursos Humanos de la Gobernación de Paraguarí.
Flores ratificó que siempre cumplió con los requisitos, incluyendo el registro biométrico de asistencia, a pesar de las flexibilidades propias de su cargo directivo. La falta de respuestas formales por parte de la autoridad departamental obligó a la afectada a contratar servicios jurídicos particulares.
Un agravante denunciado en este caso judicial guarda relación con un presunto intento de soborno para silenciar el escándalo en las redes sociales. Según la versión de Flores, la gobernadora habría intentado contactar a su abogado para negociar la eliminación de los videos de denuncia. El ofrecimiento supuestamente consistía en el pago de una fuerte suma de dinero a cambio de retirar el material informativo de las plataformas digitales. Esta acción representaría un intento de obstrucción a la transparencia institucional y un amedrentamiento a la libertad de expresión.
Durante su trayectoria, Sonia Flores ocupó la titularidad del Departamento de Turismo y Cultura de la Gobernación de Paraguarí desde su incorporación. Su ingreso se dio en un marco de transparencia donde se empezaban a aplicar mecanismos de selección por méritos y aptitudes. La funcionaria recordó que inició percibiendo el salario mínimo y que trabajó de manera sostenida incluso durante los periodos más críticos de la pandemia. Su labor institucional fue constante hasta el momento de la notificación de su arbitraria desvinculación.
La denuncia penal y administrativa contra la administración de Norma Zárate pone en duda los criterios de idoneidad en el manejo del funcionariado público. El uso de cargos estatales como moneda de cambio para favores políticos constituye una falta grave a la ética gubernamental. Flores insiste en que su caso es una prueba clara de persecución política dentro del departamento de Paraguarí. La justicia deberá determinar si la anulación del nombramiento se ajusta a las leyes de la función pública o si fue un abuso de poder.
Este conflicto no solo afecta la carrera de una funcionaria técnica, sino que debilita la institucionalidad de la Gobernación de Paraguarí ante la ciudadanía. La falta de argumentos jurídicos para un despido de esta magnitud sugiere un manejo discrecional de los recursos del Estado.
La comunidad departamental observa con preocupación cómo se priorizan las internas partidarias por encima del mérito profesional. Sonia Flores mantiene su postura firme de no claudicar hasta que se restablezcan sus derechos vulnerados por la actual administración.
Finalmente, el desenlace de esta querella marcará un precedente importante para otros trabajadores públicos que enfrentan presiones similares durante campañas electorales. La protección de la carrera civil es fundamental para garantizar que el servicio a la comunidad no dependa del color político de turno. Se espera que las autoridades judiciales actúen con celeridad para esclarecer las graves acusaciones de soborno y arbitrariedad. La gobernadora Norma Zárate aún no ha brindado una versión oficial que desmienta los hechos presentados por la funcionaria desvinculada.
Fuente: LPO
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