El Ministerio Público solicitó formalmente confirmar la condena a Erico Galeano de 13 años de pena privativa de libertad. El pedido fue presentado ante el Tribunal de Alzada por los representantes de la fiscalía en Asunción. Esta sentencia afecta al legislador por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal. La institución considera que el fallo judicial se encuentra plenamente ajustado a los preceptos del derecho vigente.
Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak encabezan este requerimiento judicial en representación del Estado. Corbeta pertenece a la Unidad de Delitos Económicos, mientras que Pak integra la Unidad contra el Narcotráfico. Ambos agentes solicitaron el rechazo de la apelación planteada por los abogados defensores del senador colorado. Según la fiscalía, el tribunal de sentencia actuó correctamente durante todas las etapas del proceso penal.
El Ministerio Público argumenta que el fallo no presenta errores ni omisiones legales de ningún tipo. Una revisión integral de la sentencia demuestra el cumplimiento estricto de los requisitos exigidos por la normativa. No se registran aplicaciones incorrectas de la ley en la tipificación de los hechos denunciados. Tampoco existen dudas sobre la determinación del grado de participación del condenado en los delitos mencionados.
Fiscalía pide ratificar condena a Erico Galeano
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— Telefuturo (@Telefuturo) April 16, 2026
Fundamentos de la Fiscalía para ratificar la sentencia
Para los fiscales intervinientes, la condena a Erico Galeano se basa en hechos comprobados durante el juicio oral. La base probatoria del caso es calificada como sólida y contundente por los investigadores especializados. Todas las pruebas fueron incorporadas al proceso cumpliendo rigurosamente con las garantías legales establecidas. Este conjunto de elementos descarta cualquier tipo de duda sobre la responsabilidad penal del actual legislador.
El escrito fiscal también cuestiona la estrategia de apelación utilizada por los representantes legales de la defensa. Los fiscales señalan que los abogados buscan instalar defectos procesales de manera artificial para beneficiar al reo. El objetivo sería forzar una revisión innecesaria de cuestiones que ya fueron resueltas legalmente. Se pretende reabrir el análisis de evidencias que ya fueron debatidas con amplitud en las instancias previas.
Los agentes Pak y Corbeta advierten sobre una valoración interesada de las pruebas por parte de la defensa. Este tipo de análisis subjetivo ya no tiene lugar en la actual etapa de revisión del proceso judicial. La fiscalía enfatiza que no existen causales de nulidad ni vicios que afecten la validez del fallo original. La condena dictada refleja adecuadamente la gravedad de los vínculos del acusado con el crimen organizado.
El Ministerio Público ratificó que la sentencia debe mantenerse de forma íntegra sin sufrir modificaciones parciales. La pena de trece años es considerada una respuesta proporcional a los hechos delictivos debidamente probados. Este proceso judicial representa un caso emblemático en la lucha contra las estructuras de lavado de dinero en el país. El Tribunal de Alzada deberá ahora decidir si confirma la resolución dictada en primera instancia.
Fuente: Judiciales.net
