Se sospecha de barcazas areneras y actividades comerciales por las descargas irregulares de desechos al río. Gentileza
La Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente del Ministerio Público impulsa una investigación por la presunta contaminación del lago Acaray. El procedimiento incluyó la toma de muestras de agua en diversos puntos estratégicos situados entre los municipios de Ciudad del Este y Hernandarias. Esta intervención técnica busca confirmar la existencia de vertidos ilegales de sustancias desconocidas que estarían afectando el ecosistema regional. La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, titular de la unidad número 2 de Alto Paraná, encabezó las diligencias realizadas en ambas márgenes del cauce hídrico.
El operativo contó con la colaboración directa de especialistas de Itaipú Binacional y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Estos equipos multidisciplinarios realizaron el relevamiento en sectores considerados críticos para la investigación judicial. La prioridad de las autoridades es determinar el impacto real en la calidad del agua y la biodiversidad local. Debido a que los vertidos podrían comprometer la salud de las comunidades cercanas, los análisis laboratoriales se realizarán bajo estándares de alta precisión técnica para garantizar pruebas sólidas ante eventuales imputaciones.
Las evidencias recolectadas fueron remitidas de inmediato al Laboratorio de Aguas y Sedimentos de Itaipú para estudios exhaustivos. En dicho centro, los peritos realizarán análisis microbiológicos y estudios de fitoplancton, con especial énfasis en la detección de cianobacterias. Asimismo, se evaluará la presencia de sólidos sedimentables que podrían alterar el lecho del lago. Estos estudios científicos son fundamentales para entender la magnitud del daño ambiental causado por las descargas irregulares denunciadas por los pobladores de la zona este del país.
Por su parte, el INTN se encargará de ejecutar los estudios fisicoquímicos sobre las muestras obtenidas durante la jornada de campo. Los técnicos evaluarán parámetros críticos como la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO). También se buscará rastro de nitrógeno total, aceites, grasas e hidrocarburos derivados del petróleo. La presencia de estos elementos químicos confirmaría el origen industrial o comercial de los residuos. La investigación se rige estrictamente por lo establecido en la Ley 716/96, que sanciona delitos contra el medio ambiente.
La causa penal inició formalmente el 17 de febrero de 2026, tras denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales y medios de prensa. Hasta el momento, la Fiscalía identificó cuatro sitios específicos bajo sospecha de ser focos de contaminación. Entre ellos se mencionan el sector de “Granjita Los Elvis” en el barrio Santa Bárbara y las cercanías de “La Wayaba” en Villa San Francisco. También están bajo verificación la quinta “Comisario Róga” y un inmueble privado ubicado en el barrio Félix de Azara, todos dentro del circuito de vigilancia ambiental.
Respecto al origen de las sustancias, los investigadores manejan diversas hipótesis que involucran tanto a particulares como a empresas. Se analiza la posible responsabilidad de embarcaciones, específicamente barcazas areneras que operan en la zona. De igual modo, se inspeccionan establecimientos comerciales y propiedades privadas que carecerían de sistemas adecuados para el tratamiento de desechos.
La fiscal Ocampos solicitó apoyo a la Policía Nacional para reforzar la vigilancia, disponiendo patrullajes preventivos nocturnos para identificar vehículos sospechosos que pudieran estar realizando vertidos de forma clandestina.
El Ministerio Público aguarda los resultados finales de los laboratorios para avanzar en la identificación de los responsables de estos hechos punibles. La densidad informativa de las muestras permitirá establecer si las descargas fueron incidentales o forman parte de un esquema recurrente de disposición ilegal de residuos.
Mientras tanto, los controles aleatorios se mantendrán vigentes en los accesos al lago Acaray. La protección del recurso hídrico sigue siendo la prioridad institucional frente a actividades económicas que podrían estar operando al margen de la legislación ambiental.
Fuente: Última Hora
Esta web usa cookies.