Víctima. El joven Rolando Núñez, durante el torneo de ex alumnos. Foto: @deportesCTN
La magistrada Lizza Reyes resolvió la prescripción de la demanda civil por el fallecimiento de Rodolfo “Rolo” Núñez. Este trágico suceso ocurrió en el complejo deportivo Arrayanes de Asunción. La familia buscaba una reparación por daños y perjuicios. Sin embargo, la justicia consideró que el plazo legal expiró.
La resolución afecta directamente a la viuda y a las dos hijas menores de la víctima. Ellas impulsaron la acción contra los directivos y las empresas vinculadas al predio. El fallo judicial implica la pérdida del derecho a reclamar la indemnización solicitada. Ahora, el proceso se encuentra en una etapa de revisión tras la apelación.
Rodolfo Núñez murió electrocutado el 16 de setiembre de 2023 mientras jugaba un torneo de fútbol. La providencia que admitió la demanda civil se dictó recién el 21 de octubre de 2025. Las notificaciones oficiales se realizaron casi un mes después de ese proveído. Así, transcurrieron más de dos años desde el incidente fatal.
La demanda fue presentada originalmente dentro de los plazos establecidos por la normativa vigente. Previamente, la viuda debió concluir juicios sucesorios y de matrimonio aparente en junio de 2025. Estos trámites eran necesarios para legitimar su personería y la de sus hijas. Una vez concluidos, se dio inicio formal al reclamo civil.
No obstante, la parte demandada utilizó diversos recursos procesales que frenaron el avance del expediente. Entre agosto y setiembre de 2025, los defensores presentaron siete recusaciones consecutivas. Estas acciones impidieron que el juzgado emitiera a tiempo la resolución de admisión. Dicho retraso resultó determinante para el cómputo del plazo de prescripción.
El abogado Fabrizio Forestieri Alvarenga, representante de la familia, cuestionó duramente esta situación. El profesional sostuvo que no existió inacción por parte de sus clientes en ningún momento. Argumentó que los demandados conocían perfectamente la existencia del proceso judicial. Según su visión, las recusaciones sistemáticas demuestran una intervención activa en la causa.
La jueza Reyes hizo lugar a la excepción planteada por los abogados de los directivos. En su escrito, señaló que la acción civil ya se encontraba prescripta al admitirse la demanda. El Código Civil establece un periodo de dos años para este tipo de responsabilidades extracontractuales. La jueza dictaminó que no existieron actos que interrumpieran legalmente dicho plazo.
La lista de demandados beneficiados incluye a Óscar Daniel Ruiz Fernández y Édgar Torres Domanizcky. También figuran María Lila Contreras Saguier, María Marcela Contreras Saguier y María Virginia Napout Barreto.
Las firmas Epro SA, Pro Life SA y Arrayanes SA también fueron excluidas de la responsabilidad civil. Todas estas personas y entidades formaban parte de la gestión del complejo.
En el ámbito penal, el proceso continúa contra Óscar Ruiz, representante de la firma Epro SA. Ruiz está acusado por presunto homicidio culposo y omisión de evitar un resultado dañino. El complejo deportivo era subarrendado por el procesado al momento de la descarga eléctrica mortal. Esta causa busca determinar las responsabilidades criminales por la muerte de “Rolo” Núñez.
Durante el proceso, la defensa de Ruiz ofreció la suma de G. 1.250 millones. Este monto se propuso como una reparación integral del daño causado a la familia. Sin embargo, Lourdes Monserrat Giménez, viuda del joven, rechazó categóricamente el ofrecimiento económico. La demandante priorizó la búsqueda de una condena justa sobre un acuerdo monetario.
Ante el reciente fallo de la jueza Reyes, la familia interpuso un recurso de apelación. El expediente fue derivado al Tribunal de Apelación de la Capital, Segunda Sala. Los magistrados de esta instancia deberán analizar si el cálculo de los plazos fue correcto. También evaluarán si las recusaciones de la defensa afectaron el debido proceso.
“Estamos esperando que se analicen todos los elementos del expediente”, manifestó el abogado Forestieri. El representante legal enfatizó que su clienta busca justicia para sus hijas pequeñas. Aseguró que el problema radica en ignorar actuaciones previas que debieron interrumpir la prescripción. La familia espera que el Tribunal revoque la decisión de primera instancia pronto.
Fuentes: Última Hora/ ABC Color
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