Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas.
La profesora Alicia Ortiz González, de San Lorenzo, denunció la excesiva demora en su trámite de jubilación. Tras 26 años de servicio, su expediente permanece trabado en el Ministerio de Economía desde hace un año. Esta situación impide que la docente brinde atención médica urgente a su hija enferma.
El retraso burocrático afecta la estabilidad familiar y la salud de la educadora. Ella cuenta con un diagnóstico médico complejo y debe someterse a estudios pronto. Además, su hija necesita cuidados permanentes durante las 24 horas del día. La falta de resolución administrativa obliga a la profesional a seguir en las aulas.
Sever del Puerto, esposo de la docente, manifestó que agotaron las instancias legales. Explicó que ambos padres trabajan jornadas extensas y regresan tarde al hogar. Durante el día, no cuentan con personas para el cuidado de la menor. La familia califica el escenario como desesperante ante la falta de respuestas oficiales.
El trámite de Ortiz se encuentra estancado específicamente en la cartera de Economía. Aunque el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) avanzó, la resolución final no sale. Este cuello de botella administrativo es una constante para muchos educadores nacionales. Para algunos, el problema principal radica en la falta de desvinculación del MEC.
La constancia médica presentada respalda la necesidad de atención constante para la niña. Sin embargo, la burocracia estatal ignora la urgencia humanitaria de este caso particular. Alicia Ortiz debe alternar su labor docente con la gestión de su salud. La incertidumbre sobre su retiro genera un desgaste físico insostenible para su entorno.
El caso de San Lorenzo no es un hecho aislado actualmente. Miles de profesores del sector público aguardan en una lista de espera oficial. Algunos expedientes llevan pendientes más de doce meses sin una resolución favorable. Esta demora afecta los derechos laborales de quienes ya cumplieron sus años de aporte.
El pasado 8 de abril, un grupo de docentes realizó una protesta. Las manifestaciones buscaban agilizar los procesos de desvinculación y reducir la mora administrativa. Los gremios denuncian que la burocracia impide el recambio generacional en las escuelas. Mientras tanto, familias como la de Alicia Ortiz siguen esperando una respuesta.
Fuente: ABC Color
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