El ministro Manuel Ramírez Candia calificó de "desproporcionado" el altoa salario de un funcionario de la Corte. Foto: Gentileza.
El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia, pedirá un informe sobre funcionarios comisionados con salarios elevados tras la polémica generada en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). El caso involucra a un relator que percibiría más de G. 26 millones mensuales.
La solicitud apunta a obtener un análisis técnico detallado sobre la situación de estos funcionarios dentro de la función pública. El anuncio surge luego de la difusión de datos sobre Widilfo Arévalo, comisionado desde la Corte, quien ocupa el cargo de director de Gestión Interna en el JEM.
Según los datos divulgados, el funcionario estaría percibiendo un salario que supera ampliamente el promedio del sector público. Esta situación generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para asignar remuneraciones en cargos comisionados.
Ramírez Candia explicó que el objetivo es esclarecer las condiciones en las que se otorgan estos salarios. El informe incluirá información sobre la cantidad de funcionarios comisionados, el detalle de sus ingresos y las funciones que desempeñan.
Además, se analizará si las remuneraciones están acordes con la escala salarial vigente en la administración pública. El ministro expresó su preocupación por los montos divulgados, señalando que no reflejan la realidad de la mayoría de los trabajadores estatales.
“Realmente, no condice con el salario de la mayoría de los que trabajamos en la función pública”, afirmó al referirse a las cifras conocidas.
El caso que motivó el pedido involucra a Widilfo Arévalo, quien habría sido comisionado desde la Corte al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Allí se desempeña como director de Gestión Interna.
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La situación tomó mayor relevancia tras conocerse detalles adicionales sobre su trayectoria. Según lo difundido, el funcionario se formó en la misma universidad que Hernán Rivas en un periodo en el que la institución no estaba habilitada.
Ante este escenario, el pedido del informe busca determinar si existen irregularidades en la asignación de salarios y funciones dentro del esquema de comisionamientos en el sector público.
Fuente: ABC Color
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