Anexo C del Tratado de Itaipú. JHVEPhoto
Al cumplirse 53 años de la firma del Tratado de Itaipú, el proceso de revisión del Anexo C enfrenta un escenario de incertidumbre y denuncias de falta de transparencia. El Gobierno de Paraguay es cuestionado por llevar adelante negociaciones sin un listado de propuestas públicas ni consultas con los sectores legislativos o partidarios del país.
Esta fecha conmemorativa encuentra a la nación en una posición de vulnerabilidad estratégica frente a su socio, Brasil. Según el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE, la administración actual postergó metas de negociación fundamentales. Inicialmente previstas para diciembre de 2024, las definiciones se trasladaron a mediados de 2025 sin una hoja de ruta clara.
La preocupación técnica se centra en el horizonte de enero de 2027, momento en que la tarifa podría sufrir una caída drástica. Este escenario beneficiaría principalmente a los intereses brasileños si Paraguay no define una estrategia sólida. El hermetismo oficial es calificado por especialistas como una “soberbia estéril” que compromete condiciones energéticas por varias décadas.
Un obstáculo central para la soberanía energética es la incapacidad técnica de aprovechar el 50% de la energía que corresponde por derecho. La demora en obras de infraestructura fundamentales, como la línea de 500 kV hasta Valenzuela, restringe severamente la capacidad de consumo interno de la producción hidroeléctrica.
Existen además contradicciones en la política tarifaria que desalientan la inversión extranjera. Mientras se proyectan subas para los usuarios residenciales paraguayos, se otorgan beneficios a sectores específicos. Se cuestiona que el Estado ofrezca energía a Argentina a valores inferiores a los que pretende cobrar a sus propios industriales.
La venta de excedentes al mercado brasileño también genera dudas sobre su viabilidad inmediata. Este beneficio depende estrictamente de la aprobación del nuevo Anexo C en los congresos de ambos países. Dado el historial burocrático de estos procesos, los beneficios reales podrían concretarse recién en el año 2030, según estimaciones técnicas.
Ante el vencimiento del Acuerdo Operativo este año, surge la necesidad de negociar un esquema estacional de contratación de potencia. Esta propuesta técnica sugiere priorizar el consumo de Paraguay durante los meses de verano y el de Brasil durante el invierno, optimizando el uso de la energía.
La ausencia de previsiones para el periodo posterior a 2027 agrava la situación actual. Expertos señalan que el enfoque debió centrarse en qué sucederá cuando Brasil ingrese en la potencia contratada por la ANDE. Actualmente, el acuerdo solo contempla los costos excedentes cuando la institución paraguaya sobrepasa su contrato original.
Para mitigar la necesidad de energía más cara en el futuro, se propone invertir en conversores de frecuencia. Estas obras podrían financiarse directamente mediante el presupuesto de la Itaipú Binacional. Este mecanismo evitaría el paso por los parlamentos nacionales, acelerando la modernización de la red eléctrica paraguaya de forma efectiva.
Desde aquel 26 de abril de 1973, la soberanía energética paraguaya permanece supeditada a decisiones políticas de alto nivel. Las críticas actuales coinciden en que el beneficio nacional a largo plazo está en riesgo debido al hermetismo en las mesas de negociación con las autoridades del vecino país.
Fuente: ABC Color
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