Imagen: Data C.
Los decretos energéticos de Peña generaron cuestionamientos de organizaciones civiles y gremios técnicos, que advierten sobre su impacto en la ANDE. Las campañas “Itaipu Causa Nacional” e “Itaipu es también soberanía/PPP” sostienen que las medidas mantienen condiciones favorables para industrias electrointensivas.
Los decretos 5.860 y 5.861, firmados el 24 de abril, fueron defendidos por el presidente de la ANDE, Félix Sosa, como una actualización de la “tarifa técnica”. Sin embargo, el análisis de sectores críticos señala que los cambios no modifican aspectos centrales de la normativa anterior.
De acuerdo con el informe técnico, las disposiciones implican diferencias significativas entre el precio de exportación de energía y el valor aplicado a ciertas industrias. Este punto es uno de los principales focos de debate.
El análisis indica que la ANDE exporta energía a Brasil a 50 USD/MWh, mientras que algunas industrias pagarían cerca de 25,4 USD/MWh fuera de punta. Esta diferencia es señalada como un factor que reduce ingresos potenciales.
Asimismo, se menciona que el costo real del servicio, según estimaciones técnicas, sería superior. Esta brecha alimenta el debate sobre la sostenibilidad financiera del esquema planteado.
Para industrias vinculadas a centros de datos e inteligencia artificial, el decreto establece tarifas que, aunque ajustadas, siguen por debajo de otros valores de referencia. Las organizaciones consideran que esto implica un esquema de subsidios.
Otro aspecto señalado es el crecimiento de la demanda energética. Según el análisis, el consumo aumentó a un ritmo del 17% anual en el primer trimestre de 2026, impulsado por estas industrias.
Este escenario podría acelerar el uso del excedente hidroeléctrico disponible. Las organizaciones advierten que, de mantenerse la tendencia, la disponibilidad de energía barata podría reducirse en los próximos años.
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También se menciona que, en ese contexto, la ANDE podría verse obligada a recurrir a fuentes más costosas. Entre ellas se citan alternativas como la generación térmica o sistemas solares con almacenamiento.
Además, los gremios cuestionan la legalidad de los decretos. Argumentan que podrían contradecir disposiciones de la Ley Orgánica de la ANDE en materia de tarifas y sostenibilidad.
Fuente: Abc Color
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