Durante un allanamiento, la Fiscalía incautó más de 30 teléfonos de los vendedores, que fueron sometidos a pericias por disposición de la Fiscalía. Foto GENTILEZA.
Una playa de autos de Villa Elisa es investigada por una presunta red de estafas con venta de vehículos. La Fiscalía detectó que el negocio cambiaba de razón social y nombre comercial cada dos meses, tras denuncias de compradores que afirmaron haber sido engañados con promesas de entrega inmediata.
El caso involucra a la concesionaria Autos del Oeste, perteneciente a Nesmar SRL, allanada a mediados de abril por una comitiva fiscal-policial. La investigación reúne más de 40 denuncias y apunta a una estructura que también usó nombres como Sagitario Motors y Punta del Este.
El esquema ofrecía vehículos por redes sociales, con apoyo de influencers en TikTok, Facebook e Instagram. Las publicaciones mostraban precios bajos, cuotas corridas accesibles y promesa de entrega rápida. Sin embargo, al firmar el contrato, las víctimas encontraban cláusulas que diferían la entrega hasta el final del pago.
La investigación fiscal señala que los compradores pagaban entregas iniciales de G. 2.250.000 o G. 2.800.000. Luego asumían entre 50 y 60 cuotas corridas de G. 890.000 o G. 1.100.000. En uno de los casos, una víctima viajó desde San Pedro hasta Villa Elisa para concretar la operación.
El subcomisario Ángel Vera, jefe de Gabinete del Departamento de Delitos Financieros, explicó que al llegar a la playa los clientes debían entregar sus celulares. No podían ingresar con aparatos para fotografiar o grabar. “Ahí estaba la primera irregularidad”, advirtió el jefe policial.
Los vehículos eran exhibidos, pero no podían probarse. A los interesados les decían que las unidades tenían batería baja por ser recién importadas. Después, los vendedores los llevaban a una sala administrativa para firmar documentos con letras muy pequeñas. El contrato establecía que la adjudicación recién sería después de cinco años.
Además, los vendedores usaban alias y no sus nombres reales, lo que dificultaba su rastreo. En algunos casos, los clientes eran grabados diciendo que aceptaban el contrato.
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Tras pagar la entrega inicial, se les comunicaba que el crédito no fue aprobado y que el dinero no era reembolsable. En el allanamiento se incautaron 34 vehículos, 30 celulares y documentos. La causa era investigada por la fiscala Andrea Ríos, recusada, y quedó interinada por la fiscala Fany Aguilera.
Fuente: ÚH
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