Barcazas en hidróvía.Foto Paraguay Fluvial.
La licitación de la hidrovía Paraná-Paraguay sigue avanzando en Argentina, pese a una alerta fiscal por posibles irregularidades. El gobierno de Javier Milei habilitó técnicamente a dos consorcios internacionales que buscan quedarse con la concesión de la vía navegable.
La concesión contempla tareas de dragado, señalización y mantenimiento, financiadas mediante peajes. En carrera quedaron dos grupos: Jan De Nul, asociada con la argentina Servimagnus, y Dredging, Environmental & Marine Engineering. La apertura de ofertas económicas estaba prevista para este martes. El contrato tendría una duración mínima de 25 años.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas alertó sobre “serias y evidentes irregularidades” en los pliegos de la licitación. El organismo advirtió que esas fallas podrían derivar en responsabilidades administrativas o penales. En paralelo, el diputado Jorge Taiana presentó un proyecto para suspender el proceso y exigir más transparencia.
El dictamen fiscal sostiene que el nuevo procedimiento repite errores señalados en una intervención anterior. Entre los puntos objetados figuran la cláusula anticorrupción, las condiciones para una eventual cesión del contrato y límites para impugnaciones. También se cuestiona la fórmula de evaluación de ofertas. La observación adquiere peso porque un intento previo de concesión ya fue anulado.
El organismo fiscal marcó nuevas deficiencias en materia ambiental y de participación ciudadana. El documento cuestiona la falta de una evaluación de impacto ambiental. Además, observa fallas en la consulta pública, principalmente por el acceso a información comprensible, accesible y oportuna. La oposición pide una nueva instancia de participación y audiencia pública.
La vía navegable troncal es considerada estratégica para Argentina. Conecta puertos y terminales del río Paraná y del Río de la Plata con el Atlántico. También canaliza cerca del 80% de las exportaciones agroindustriales argentinas y cargas de países del Mercosur. Por esa razón, el proceso genera atención fuera del territorio argentino.
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El tramo licitado va desde la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta el Río de la Plata exterior. El negocio supone inversiones superiores a USD 10.000 millones y peajes por más de USD 600 millones al año. La adjudicación definirá quién operará una ruta esencial para el comercio fluvial y marítimo regional.
Fuente: ÚH
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