Blindaje cartista. Miembros de la bancada conversan en plena sesión. Foto: Dardo Ramírez
La Cámara de Diputados postergó de manera oficial el tratamiento de los pedidos de intervención a siete intendentes del país. Los legisladores decidieron congelar estos procesos en vísperas de las elecciones internas convocadas para el próximo 7 de junio. La medida legislativa genera un fuerte impacto político en el escenario local. El aplazamiento evita que los jefes comunales con cuestionamientos judiciales o administrativos rindan cuentas antes de pugnar por el rekutu.
El freno parlamentario afecta directamente a las administraciones municipales de Lima, Emboscada, Tomás Romero Pereira, Yby Yaú, Ñemby, Ybyrarobaná y Juan León Mallorquín. Sobre estos intendentes pesan denuncias formales que incluyen sospechas de corrupción, sobrefacturaciones y la supuesta ejecución de obras fantasmas. Pese a la gravedad de los cargos, la corporación legislativa dilató la conformación de las comisiones especiales encargadas de evaluar cada caso particular.
La moción que postergó la definición de estos expedientes municipales fue planteada ante el pleno por el diputado Roberto González. El propio parlamentario proponente lamentó públicamente el alcance de la decisión adoptada por sus colegas de la cámara baja. González manifestó textualmente que “probablemente habría averías muy graves en estos intendentes, por eso la protección a los mismos”. Con esta resolución, los intendentes mantendrán su blindaje político durante la campaña.
Los cuestionamientos parlamentarios se sustentan en los dictámenes remitidos previamente por diversas juntas municipales del territorio nacional. La mayoría de los jefes comunales afectados por el freno legislativo pertenecen a agrupaciones políticas oficialistas. Esta condición partidaria facilitó la postergación de los mecanismos de control constitucional previstos para las municipalidades. La estrategia busca neutralizar el impacto negativo que tendrían las auditorías sobre los precandidatos en sus respectivas comunidades.
El caso del municipio de Lima presenta una situación administrativa diferente a las demás localidades del grupo. Su expediente legislativo ya completó los trámites iniciales y se encuentra listo para la votación definitiva del pleno. Las otras seis comunidades autónomas siguen aguardando que la mesa directiva defina los nombres de los parlamentarios investigadores. Esta falta de acción bloquea el avance institucional y paraliza las pesquisas financieras.
Hernán Ysidro Rivas – Tomás Romero Pereira: Su gestión correspondiente a los años 2022 y 2023 acumula denuncias específicas por la supuesta falta de ejecución de 16 obras viales y civiles. Los documentos oficiales estiman el perjuicio económico en una suma cercana a los G. 2.000 millones. Las acusaciones se presentaron formalmente en 2024.
Tomás Olmedo – Ñemby: El administrador de la mencionada localidad civil enfrenta un proceso penal abierto por el Ministerio Público. Olmedo se encuentra imputado por la supuesta comisión de lesión de confianza, estafa y el uso de documentos no auténticos. El jefe comunal se adhirió recientemente a las filas del cartismo.
Juan Manuel Ávalos – Lima: Pese a liderar uno de los distritos con mayores carencias del departamento de San Pedro, el intendente afronta cuestionamientos financieros. El pedido formal de intervención detalla la existencia de un supuesto faltante de caja que asciende a los G. 514 millones.
César Machuca – Ybyrarobaná: El legislativo municipal de esta localidad rechazó de forma unánime los balances presentados por el jefe comunal. El rechazo se fundamenta en la carencia absoluta de documentos que respalden el uso del dinero público. Machuca aspira a la reelección con apoyo del oficialismo.
Silvio Peña – Emboscada: Los concejales de este distrito norteño aprobaron el dictamen de intervención tras detectar anomalías financieras durante el periodo 2024. Las denuncias ciudadanas y vecinales señalan que el ejecutivo comunal procedió al pago total de obras públicas que nunca llegaron a edificarse.
Vidal Argüello – Yby Yaú: Los ediles opositores solicitaron fiscalizar la gestión institucional debido a una persistente falta de transparencia. El intendente respondió judicialmente a esta acción promoviendo una denuncia penal contra los propios concejales, acusándolos de una supuesta adulteración de actas oficiales.
Elvio Coronel – Juan León Mallorquín: La junta municipal denunció penalmente un listado que contempla un total de 24 supuestas irregularidades administrativas. Las anomalías se concentran en el manejo de fondos durante los ejercicios fiscales correspondientes a las temporadas 2023 y 2024.
Fuente: Última Hora
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