Fiscalía recibe el informe de Contraloría sobre Peña que descarta enriquecimiento ilícito.
La Contraloría descarta enriquecimiento ilícito de Peña en el examen de correspondencia remitido al Ministerio Público. El informe sobre las declaraciones juradas del presidente Santiago Peña ya está en poder de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.
El documento fue enviado por la Contraloría General de la República tras la denuncia presentada por parlamentarios opositores. La presentación penal apuntaba a presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y manejo irregular de recursos públicos. El caso quedó vinculado al escándalo de los llamados “sobres del poder” en Mburuvicha Róga.
La denuncia se originó luego del hallazgo y desaparición de supuestos sobres con dinero en dólares en la residencia presidencial. Los legisladores opositores también marcaron una brecha de crecimiento económico de unos G. 21.672 millones. Peña, por su parte, pidió a la Contraloría una revisión integral de sus declaraciones juradas.
El informe concluyó que existe correspondencia entre lo declarado por Peña y los registros institucionales constatados. La Contraloría sostuvo que no identificó elementos que configuren un incremento patrimonial no razonable o no proporcional a ingresos lícitos del declarante.
El análisis abarcó dos etapas. La primera va de 2014 a 2017, periodo en que Peña fue director del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda durante la administración de Horacio Cartes. Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas, afirmó que no hubo incremento patrimonial llamativo en ese tramo.
La segunda revisión tomó el periodo desde la asunción presidencial hasta septiembre de 2025, mes en que Peña presentó una actualización de su declaración jurada. Para analizar tres años y dos meses de documentos, los técnicos aplicaron el método de margen residual.
Sin embargo, el informe deja un punto relevante. Entre 2018 y 2023, Peña registró un crecimiento patrimonial de poco más de G. 22.000 millones. La Contraloría indicó que no tiene competencia para analizar a personas fuera de la función pública, por lo que ese tramo quedó fuera del examen institucional.
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El expediente queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá evaluar el alcance del informe dentro de la denuncia penal. El caso mantiene interés público por el origen de los cuestionamientos, la denuncia opositora, los montos señalados y el impacto político del escándalo ocurrido en Mburuvicha Róga.
Fuente: ÚH
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