La red desinformante, una investigación sobre los actores detrás de campañas sucias pro-oficialistas en Paraguay. Ilustración de Leda Sostoa.
El Ministerio Público mantiene paralizada la investigación penal por el presunto desvío de recursos estatales destinados a financiar una campaña sucia. Esta estructura delictiva digital es conocida formalmente como la Red Desinformante. Su principal objetivo consistiría en ejecutar hostigamientos y ataques sistemáticos dirigidos contra diferentes miembros de la prensa independiente y críticos del Gobierno actual.
La inacción del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, genera sospechas debido a la falta de asignación de un equipo de investigadores. La denuncia fue presentada por varios diputados nacionales y el comunicador Hugo Portillo. El caso busca resguardar evidencias clave, pero llamativamente contrasta con la celeridad automática aplicada a otros procesos judiciales recientes.
Un claro ejemplo de selectividad institucional se evidenció con una denuncia sobre presuntas irregularidades en el Instituto de Previsión Social (IPS). En ese expediente particular, la máxima autoridad de la Fiscalía actuó de forma inmediata y asignó agentes fiscales el mismo día. Por el contrario, la causa penal de la campaña sucia contra la prensa sigue frenada en los escritorios fiscales.
El proceso se inició tras las primeras publicaciones periodísticas sobre la Red Desinformante realizadas el pasado 28 de abril. En esa fecha, un grupo de legisladores solicitó formalmente la apertura de una investigación de oficio sobre el financiamiento ilegal. Posteriormente, el 6 de mayo, el comunicador Hugo Portillo formalizó la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público.
La presentación de Portillo contó con el patrocinio legal de los abogados defensores Ezequiel Santagada y Cecilia Pérez. El trámite ingresó inicialmente a la Unidad de Delitos Económicos, que se encontraba a cargo de la fiscala adjunta Soledad Machuca. La denuncia advertía sobre la utilización del dinero de los contribuyentes para perseguir a voces disidentes.
Luego de un extenso análisis de 15 días, Machuca derivó el expediente al gabinete del fiscal general el 21 de mayo. En esa instancia se dispuso la acumulación de las carpetas presentadas por los diputados y por el comunicador. Pese a la gravedad institucional, el expediente unificado permanece actualmente cajoneado en la oficina de Emiliano Rolón.
¿Cómo se maneja la celeridad dentro del Ministerio Público? La denuncia formulada contra el extitular del IPS, Jorge Brítez, ingresó recién el pasado 13 de mayo. Su trámite avanzó de forma rápida por los canales internos en comparación con la causa de la Red Desinformante. El contraste temporal expone el tratamiento diferenciado de los expedientes.
El 27 de mayo, la fiscala adjunta Nancy Salomón elevó el legajo del IPS al despacho del fiscal general del Estado. Ese mismo día, Rolón firmó la Resolución 1817 para designar a los agentes fiscales Silvio Corbeta y Silvia González. La asignación de los encargados de la investigación se dio de manera prácticamente automática.
A casi un mes de la presentación de @DiputadosPy, -el 28/04-,acumulada a nuestra denuncia del 06/05, sigue hoy en el escritorio de @EmilianoRFPy sin definición ni asignación de fiscal. @RocioVallejoA @EFSantagada @HugoPortilloPY @MinPublicoPy https://t.co/fCZAOqg5Qt
— Cecilia Perez Rivas (@cperezrivas) May 26, 2026
La abogada Cecilia Pérez cuestionó duramente la evidente selectividad aplicada por las máximas autoridades de la institución judicial. La profesional del derecho reclamó que la resolución para el IPS salió rápido, mientras que su nota es anterior y sigue congelada. Pérez advirtió sobre la urgencia de tomar medidas inmediatas para resguardar la evidencia electrónica en las redes sociales.
Fuente: ABC Color
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