El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Foto: Archivo ÚH
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, designó un equipo fiscal para investigar la denominada “campaña sucia”. Esta causa indaga el presunto uso de fondos públicos para atacar a la prensa local. La decisión del Ministerio Público se tomó tras recibir múltiples críticas ciudadanas y políticas. Previamente, la institución intentó derivar el análisis de la denuncia a la Contraloría General de la República.
Los agentes designados investigarán un supuesto perjuicio patrimonial al Estado mediante la difusión de contenidos ajenos al interés público. Asimismo, el equipo indagará el eventual desvío de recursos estatales que estaban destinados a programas de asistencia social. El grupo de investigadoras está integrado por las agentes fiscales Marlene González, Laura Giacumo y Ruth Benítez. La coordinación de las tareas fiscales estará a cargo de la fiscal adjunta Nancy Salomón.
La apertura de esta carpeta judicial se concretó mediante la resolución número 1937, emitida por la Fiscalía General del Estado. La disposición se dio luego de la presentación de dos denuncias penales formales ante la institución. La primera denuncia fue radicada por los diputados Raúl Benítez, Adrián Vaesken, Mauricio Espínola y Rocío Vallejo. Los legisladores señalaron la contratación de pautas publicitarias digitales con aparente perjuicio para el erario público.
La segunda denuncia penal fue formulada por el ciudadano Hugo Javier Portillo Sosa. Este denunciante cuenta con el patrocinio legal de los abogados Cecilia Pérez Rivas y Ezequiel Santagada. En su presentación, Portillo Sosa señaló el desvío de recursos destinados a la asistencia social. Según la denuncia, estos fondos públicos financiaron campañas sistemáticas de hostigamiento digital contra periodistas y figuras públicas.
Los denunciantes sostienen que en este caso podrían existir hechos punibles graves. Entre ellos se mencionan la lesión de confianza, el cobro indebido de honorarios y la frustración a la persecución penal. Por su parte, el entorno presidencial es vinculado directamente con la coordinación de estos ataques informáticos. Debido a esto, los sectores afectados criticaron la lentitud inicial del Ministerio Público en este proceso.
Antes de la conformación de este equipo, Emiliano Rolón admitió que no tenía definidos a los investigadores. A pesar de esto, el fiscal general decidió enviar la causa penal a la Contraloría General de la República. Rolón alegó que la Fiscalía carece de suficientes especialistas para procesar información financiera compleja. Esta postura generó sospechas de una maniobra para dilatar la investigación del entorno de la Presidencia.
La abogada Cecilia Pérez criticó con dureza la remisión de los antecedentes a la Contraloría General. La profesional calificó la acción del fiscal general como una maniobra inexistente en el marco legal vigente. Pérez advirtió que la Contraloría tiene funciones limitadas que no reemplazan la tarea del Ministerio Público. Según la abogada, este procedimiento ya se utilizó para postergar la investigación sobre el patrimonio del presidente de la República.
#ALaGran730 Campaña sucia: Rolón defiende pedido a Contraloría y alega falta de peritos en la Fiscalía
En medio de las críticas por haber remitido antecedentes a la Contraloría General de la República, el fiscal general Emiliano Rolón justificó el procedimiento adoptado en la… pic.twitter.com/DtLDD7ZrFz
— ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) June 3, 2026
La defensora pública recordó que el 6 de mayo solicitaron medidas urgentes para preservar la evidencia digital. Los denunciantes lamentaron la pérdida de tiempo clave para asegurar las pruebas del hecho investigado. A medida que avanzó la investigación periodística, se constató el borrado de posteos y páginas en redes sociales. Para los denunciantes, existe una clara intención oficial de poner paño frío a las revelaciones del caso.
La Fiscalía General del Estado se vio obligada a retroceder en su postura inicial debido a la presión mediática. La ciudadanía exige el esclarecimiento del destino final de los fondos de asistencia social desviados. El nuevo equipo de fiscales deberá determinar la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados. Las pesquisas se centrarán en los servidores digitales y en las órdenes de pago emitidas por el Estado.
Fuente: ABC Color
Esta web usa cookies.