Descubre que es candidato por una llamada de la Justicia Electoral.
Un funcionario de Pilar descubrió que era candidato sin saberlo tras recibir una llamada de la Justicia Electoral. Se trata de Esteban Marino Benítez Cabañas, afiliado al Partido Colorado, quien figuraba como postulante a concejal por el Partido Patriotas Independientes (PPI).
El caso salió a luz cuando un funcionario electoral lo contactó para confirmar su postulación. Según el registro, Benítez Cabañas aparecía en el primer lugar de la Lista 4, Opción 10.
El afectado relató que quedó sorprendido al recibir la comunicación. “Grande fue mi sorpresa. Le dije al funcionario: ‘¿Concejal de qué?’ ”, manifestó. También aseguró que no conoce a esa nucleación política, no trabaja en política y nunca autorizó su inscripción como candidato.
Tras recibir una captura de pantalla con sus datos, Benítez Cabañas verificó el registro oficial. Luego descartó que se tratara de un caso de homonimia, ya que sería la única persona en el país con esos nombres y apellidos. Posteriormente, presentó denuncia ante la Comisaría Segunda de Barrio Obrero y después ante el Ministerio Público.
En el sistema de la Justicia Electoral solo figuraban sus datos, sin fotografía adjunta. La denuncia permitió exponer otros posibles casos similares en la zona. Luego de hacerse pública la situación, al menos cuatro mujeres de Pilar afirmaron que también fueron anotadas sin consentimiento en listas de la misma nucleación independiente.
La investigación quedó a cargo del fiscal Federico Solano López, quien confirmó los primeros requerimientos legales. En ese marco, el Ministerio Público solicitó informes detallados al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El objetivo es identificar al usuario que cargó los datos en el sistema informático.
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El fiscal adelantó que también pedirá información sobre todos los candidatos inscriptos por el PPI en Pilar. La medida responde a la posibilidad de que existan más personas afectadas que aún no saben que figuran en papeletas electorales. Si se comprueba la producción de documentos no auténticos o autorizaciones apócrifas, los responsables podrían enfrentar penas de hasta cinco años de cárcel, además de sanciones electorales.
Fuente: L. T.
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