Propietario volvió a cercar su propiedad y acusó a la contratista de ingresar sin autorización - Gustavo Machado
Un serio conflicto interrumpió el avance de la obra de triplicación de la ruta D025, en el tramo que une el acceso al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque, con Mariano Roque Alonso. El propietario de un inmueble afectado cercó la zona intervenida tras denunciar una supuesta invasión de su terreno por parte de la empresa contratista CDD Construcciones SA. La problemática paralizó los trabajos en ese sector debido al reclamo de los derechos de propiedad privada.
La situación afecta un trayecto estratégico de 6,03 kilómetros, clave para agilizar el tránsito entre ambas localidades civiles. El dueño del predio damnificado es James David Ray, quien reclama que la firma constructora ingresó sin autorización legal previa. Según los antecedentes del caso, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) fijó la tasación del área afectada en más de G. 1.250 millones, un monto que la Fundación Parque Tecnológico de Itaipú (FPTI) debía abonar antes de avanzar.
Ante el atropello alegado, el abogado Óscar Fernández Scifó presentó una denuncia penal y una posterior ampliación ante la Fiscalía de Luque. El representante legal afirmó que los obreros destruyeron portones y alambradas para ingresar de forma violenta. Además, la defensa denunció que la contratista realizó canalizaciones fuera de la franja expropiada. Lamentablemente, el fiscal designado, Orlando Paiva, de la Unidad Fiscal N.º 4, todavía no se constituyó en el lugar de los hechos.
Por otra parte, el abogado detalló que los trabajos viales dejaron al inmueble completamente sin acceso seguro a la ruta. La constructora elevó el nivel de la calzada mediante una estructura de hormigón que no figuraba en los planos originales del proyecto. Como consecuencia de esta modificación, se generó un peligroso desnivel de un metro y medio de cemento que impide la entrada o salida de vehículos.
Asimismo, Fernández Scifó relató que los operarios descargaron agua dentro de la propiedad privada durante las tareas de alcantarillado. Por este motivo, los dueños volvieron a colocar cercas perimetrales y carteles de advertencia para prohibir el paso. El defensor criticó la falta de seguridad jurídica y denunció el desinterés del MOPC, la FPTI y la Fiscalía ante los perjuicios ocasionados.
Es importante señalar que la obra de ampliación vial de la ruta D025 se ejecuta mediante fondos de la FPTI. Este mecanismo administrativo evita los controles tradicionales de la Ley N.º 7021 de Contrataciones Públicas. Originalmente, el contrato se adjudicó a la empresa de César Delgado por G. 167.063 millones, pero el monto ya escaló a G. 208.817 millones.
Finalmente, este incremento presupuestario representa una suba cercana al 25% del valor inicial del proyecto vial. Desde el MOPC justificaron el millonario sobrecosto alegando que los estudios catastrales tardíos detectaron varias propiedades privadas dentro del propio predio del aeropuerto. Actualmente, ni la contratista ni las autoridades estatales brindaron una solución al afectado por las expropiaciones pendientes.
Fuente: ÚH
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