El senador acusa a las máximas autoridades del país de conspirar para evitar que se investigue la red de corrupción narco expuesta en los polémicos chats del fallecido diputado.
El senador Eduardo Nakayama lanzó una severa acusación contra los poderes del Estado paraguayo, señalando la existencia de un acuerdo institucional para sepultar la investigación sobre los comprometedores chats del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. A través de su cuenta en la red social X, el legislador denunció lo que considera una maniobra deliberada para proteger a altos funcionarios implicados en conexiones con el crimen organizado.
Existe acuerdo entre los “poderes” para enterrar el caso #LaloChats desde la investigación; pretenden tapar la cloaca narco en la que están metidos fiscales, jueces y políticos, encausando a quien destapó el alcantarillado. Basuras y cómplices del Crimen Organizado !
— Edu Nakayama (@edu_nakayama) February 27, 2025
“Existe acuerdo entre los ‘poderes’ para enterrar el caso LaloChats desde la investigación. Pretenden tapar la cloaca narco en la que están metidos fiscales, jueces y políticos, encausando a quien destapó el alcantarillado. ¡Basuras y cómplices del Crimen Organizado!”, disparó Nakayama en una publicación que ha generado enorme repercusión.
El parlamentario dirigió sus críticas también hacia el presidente Santiago Peña, cuestionando su inacción frente a las evidencias que comprometen a integrantes de su propio gabinete. Específicamente, señaló a la ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Liliana Alcaraz, y a su hermano, Marco Alcaraz, ministro de Inteligencia, quienes aparecerían mencionados en las conversaciones filtradas sin que hasta el momento hayan enfrentado consecuencias.
En otra publicación aún más incendiaria, Nakayama acusó directamente al Poder Judicial de “fingir demencia” y al Ministerio Público de preferir “encausar al denunciante, antes que investigar el caso”, en referencia a las acciones iniciadas contra quienes revelaron los chats. “Cómplices, incluso los abogados: apesta la putrefacción de la sociedad”, añadió el legislador, sugiriendo una complicidad generalizada en todos los estamentos del sistema.
Esta denuncia cobra especial relevancia considerando las limitadas acciones tomadas por la Corte Suprema de Justicia, que hasta ahora sólo ha aceptado la renuncia de las juezas Sadi López y Ana Aguirre, mientras que Carmen Silva y Mirna Soto fueron suspendidas sin goce de sueldo. Estas medidas contrastan con la gravedad de las acusaciones reveladas en los chats, que evidenciarían conexiones entre el poder político, el sistema judicial y organizaciones criminales.
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El caso “LaloChats” ha destapado una presunta red de tráfico de influencias, corrupción y connivencia con el narcotráfico que involucraría a diversas autoridades del Estado. Las conversaciones filtradas del móvil de Gomes revelarían acuerdos para favorecer a ciertos jueces, fiscales y políticos vinculados al crimen organizado, generando un escándalo de proporciones que, según Nakayama, se intenta silenciar mediante un pacto entre los poderes.
La gravedad de estas acusaciones pone en evidencia la fragilidad institucional del país y la posible captura del Estado por intereses criminales, planteando serios cuestionamientos sobre la independencia del sistema judicial y la voluntad política para combatir la corrupción enquistada en las más altas esferas del poder.
Fuente: ABC Color
