El Tribunal de Apelación Penal ratificó que el líder del Clan Rotela, Armando Javier Rotela, deberá someterse a juicio oral por los hechos registrados durante el Operativo Veneratio, llevado a cabo en diciembre de 2023 en el Penal de Tacumbú. La decisión se da tras declarar inadmisible un recurso de apelación presentado fuera de plazo por su defensa, con lo que se mantiene firme la resolución que elevó la causa a juicio.
La abogada Daniela Cuevas había impugnado la resolución emitida el 21 de mayo pasado por el juez de Garantías Yoan Paul López, pero el escrito fue presentado el 30 de mayo, dos días después del vencimiento del plazo legal de cinco días hábiles. El tribunal, compuesto por los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera y Bibiana Benítez Faría, resolvió no estudiar el recurso por extemporáneo.
El proceso penal está relacionado con los incidentes ocurridos el 18 de diciembre de 2023, durante el Operativo Veneratio, mediante el cual las fuerzas de seguridad retomaron el control del Penal de Tacumbú. La intervención incluyó el traslado de más de 700 internos a distintas penitenciarías del país, en un operativo que resultó en graves enfrentamientos.
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Durante la intervención se registraron disturbios que culminaron con 12 fallecidos: 11 reclusos y un agente de la Policía Nacional. Las autoridades señalaron que los incidentes fueron provocados por una resistencia armada organizada por reclusos vinculados al Clan Rotela, quienes presuntamente intentaron evitar el traslado de miembros de su estructura criminal.
Armando Javier Rotela, junto con otros ocho internos identificados como integrantes del clan, enfrenta acusaciones por motín, violación de la Ley de Armas y asociación criminal. Entre los procesados también figuran Milciades Giménez Prieto, alias Paku’i; César Ramón Ortiz Sosa, alias Gordito Lindo; Miguel Ángel Sarabia Medina, Lucas Ramón Duarte Rolandi, Óscar Ariel Cabello Azcona, Arcenio Erico Alvarenga Sosa y Alan Ricardo Caballero.
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El caso Rotela, junto con el contexto del Operativo Veneratio, expuso las debilidades estructurales del sistema carcelario nacional y la consolidación del crimen organizado dentro de los centros de reclusión. El operativo marcó un punto de inflexión en la política penitenciaria, con el objetivo declarado de recuperar el control institucional de los penales más conflictivos.
La violencia registrada durante el procedimiento confirmó la capacidad de organización de ciertos grupos internos, lo que motivó la implementación de nuevas medidas de seguridad, incluyendo traslados masivos, refuerzo militar y reformas en la administración penitenciaria.
Fuente: Última Hora
