Guido Raúl Benza Raggio, ex viceministro de Transporte destituido en 2024, volvió a ser noticia tras ser detectado como comisionado desde el Ministerio de Salud Pública a la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). Según datos oficiales, percibe un salario superior a los G. 20 millones mensuales por desempeñarse en ambos entes públicos.
El Nacional accedió a una denuncia sobre el caso que vincula a Benza con un esquema de doble percepción salarial. En Salud Pública, figura con un sueldo de G. 13.300.000, mientras que en Dinavisa recibe un complemento adicional de G. 6.817.579 como parte de su comisionamiento. En total, el exfuncionario obtiene mensualmente G. 20.117.579 del Estado.
Benza fue apartado del cargo por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, tras ocho meses de gestión en el Viceministerio de Transporte. Su salida coincidió con críticas crecientes por las constantes reguladas en el servicio de transporte público y el aumento del subsidio a los empresarios del rubro.
Tras su remoción en abril de 2024, fue reemplazado por Emiliano R. Fernández. Poco después, Benza regresó al Ministerio de Salud, institución en la que tenía vínculos previos, y desde donde fue comisionado a la Dinavisa, órgano encargado de fiscalizar productos sanitarios.
La denuncia presentada a El Nacional también expone la situación laboral de Rossana Magalí Báez Jara, pareja de Benza, quien experimentó un notable incremento salarial al interior del Ministerio de Salud. Antes de la administración de Teresa Barán, se desempeñaba como profesional sanitario II con una remuneración total cercana a los G. 12 millones.
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Con la llegada de Barán como ministra, Báez Jara fue ascendida al cargo de directora general. En esa condición, su salario base pasó a G. 13 millones, sumado a bonificaciones, gastos de representación y viáticos. En abril de este año, el total recibido alcanzó G. 23.333.947.
Los datos publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas reflejan que ambos funcionarios obtienen beneficios que superan los G. 43 millones mensuales, en medio de cuestionamientos por los procesos de comisionamiento y ascensos sin concurso.
La figura del comisionamiento, si bien es legal, ha sido objeto de debate por su uso para ubicar a funcionarios afines en cargos de confianza.
Fuente: El Nacional
