El juicio oral y público del emblemático caso “A Ultranza Py” inició este lunes 7 de julio, marcando un hito en la lucha contra el crimen organizado en el país. El proceso judicial, que involucra a 18 personas, está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza María Luz Martínez y acompañado por Dina Marchuk y Federico Rojas.
Entre los acusados figura Miguel Ángel Insfrán Galeano, conocido como “Tío Rico”, señalado como presunto líder de la red criminal. Actualmente guarda reclusión en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú. También están procesados el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Godoy, implicado en operaciones de lavado de dinero, y Luis Fernando Sebriano González, supuesto coordinador logístico de la organización.
A ULTRANZA
➡️Arrancó el juicio oral al acusado como líder del esquema Miguel Ángel Insfran alias Tío Rico y otros 17 acusados
➡️Las defensas podrán reunirse en privado con sus clientes, por decisión del tribunal
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— Judiciales.net (@judicialesnet) July 7, 2025
La acusación también alcanza a otros miembros del círculo de Insfrán, como sus hermanos José Alberto y Conrado Ramón, y al empresario Alberto Koube Ayala, presunto cabecilla del esquema de blanqueo de capitales. A ellos se suman su pareja y su hermana, conformando un entramado familiar y empresarial con conexiones en múltiples niveles.
Durante la primera jornada del juicio, la defensa de Insfrán intentó suspender el proceso alegando que no puede mantener reuniones privadas con su cliente. El abogado Álvaro Arias denunció que solo se les permite conversar por una hora, detrás de una barrera y bajo vigilancia militar. Sin embargo, el tribunal rechazó el incidente, garantizando que se arbitrarán mecanismos adecuados para preservar la confidencialidad de la defensa.
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De acuerdo con el Ministerio Público, la organización habría operado entre 2018 y 2022, enviando cargamentos de cocaína desde Bolivia hacia destinos en Europa y África. Se estima que la red movilizó más de 17 toneladas de droga, generando ganancias que superan los 430 millones de dólares.
El operativo A Ultranza Py, ejecutado por más de 20 fiscales y con más de 100 allanamientos, desmanteló una estructura con tentáculos en sectores políticos, empresariales y religiosos. La magnitud del caso lo convierte en uno de los mayores escándalos criminales en la historia reciente del país.
Fuente: Judiciales. Net
