El exintendente de Lambaré, Armando Ramón Gómez Arévalo, fue acusado por el Ministerio Público por liderar un esquema delictivo que habría permitido la sustracción de G. 9.317.065.062 de ingresos municipales, mediante la anulación irregular de más de 6.000 facturas entre enero y octubre de 2019.
Junto a Gómez fueron procesados cuatro exfuncionarios municipales: Roberto Ever Paredes Ojeda, Rodrigo Javier Portillo Chirife, Edgar Iván Villalba Torreblanca y Ricardo Ronald Ricciardi. Todos enfrentan cargos por hurto, estafa mediante sistemas informáticos, alteración de datos y asociación criminal, en distintos grados de autoría.
«Se le atribuye la sustracción de los impuestos recaudados por la Municipalidad entre febrero y octubre de 2019».
El fiscal Francisco Cabrera comenta sobre la acusación al exintendente de Lambaré Armando Gómez y otros exfuncionarios municipales. pic.twitter.com/NEtKOK7RkV
— El Observador (@observapy) July 18, 2025
La acusación sostiene que la estructura criminal fue liderada por el entonces intendente, secundado por el director de Finanzas y operada desde Tesorería y Gestión Tecnológica. El plan consistía en recibir la recaudación diaria, seleccionar montos a sustraer, anular comprobantes en el sistema y retrasar los depósitos bancarios para ocultar las diferencias.
Los pagos anulados eran gestionados fuera del horario laboral, por usuarios con permisos indebidos o inexistentes, violando las normativas municipales. A los contribuyentes se les entregaban comprobantes válidos, pero luego eran borrados digitalmente sin justificación ni presencia del pagador.
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Entre marzo y octubre de 2019, surgió además una estructura paralela, cuando Portillo y Villalba, disconformes con la distribución del dinero, replicaron el esquema de forma independiente. Crearon una contabilidad denominada “Alterno”, paralela a la oficial, con 794 anulaciones por G. 2.413 millones para su beneficio exclusivo.
A esta segunda repartija se sumó el funcionario Ricardo Ricciardi, subordinado de Villalba, quien realizó 58 anulaciones adicionales por G. 36 millones. El perjuicio total acumulado por las dos redes internas alcanzó las 6.390 anulaciones y más de G. 9.300 millones no ingresados a las arcas municipales.
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El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de los funcionarios Walter Omar Belotto y Sonia Raquel Notario, encargados del control interno. La Fiscalía argumentó que su conducta encajaría, en todo caso, en una negligencia sin responsabilidad penal por ausencia de dolo o tipicidad penal.
La acusación pone en evidencia un esquema sofisticado de corrupción pública, que habría operado sistemáticamente desde el corazón administrativo de la Municipalidad de Lambaré durante casi todo 2019. La causa avanza ahora hacia juicio oral, en uno de los casos de malversación más cuantiosos registrados en gobiernos locales.
Fuente: El Observador
