La Corte Suprema de Justicia resolvió que el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado será competente para tramitar la causa que involucra a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio Lalo Gomes, y al abogado Óscar Luis Tuma. Ambos enfrentan imputaciones por presunto lavado de activos y transferencia irregular de inmuebles.
El fallo, contenido en el Auto Interlocutorio N° 469 del 18 de agosto de 2025, fue dictado por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia. Los camaristas coincidieron en que los hechos atribuidos a Rodrigues se relacionan con investigaciones previas del caso Pavo Real PY II, también de carácter especializado.
En consecuencia, la jueza Rosarito Montanía, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado, quedó a cargo del expediente. La magistrada deberá resolver si admite la imputación presentada por los fiscales Juan Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Raquel Gómez, y en caso afirmativo, convocar a los procesados a la audiencia de imposición de medidas.
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La imputación se remonta a hechos ocurridos tras la detención de Rodrigues en agosto de 2024. En ese entonces, el juez Osmar Legal dispuso la inhibición general de enajenar y gravar bienes en su contra. Pese a ello, cuatro inmuebles fueron transferidos a nombre de Tuma, quien actuaba como abogado defensor en el proceso.
La investigación reveló que el sistema de Registros Públicos fue manipulado para posibilitar la operación. Una funcionaria ingresó datos falsos, cambiando el nombre de Rodrigues por el de otra persona, lo que permitió que las propiedades quedaran habilitadas para su transferencia. Esta maniobra es considerada por la Fiscalía como parte de un esquema para ocultar bienes.
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El Ministerio Público sostiene que Tuma no podía desconocer las restricciones judiciales, pues había apelado directamente la medida cautelar. Además, un Tribunal de Apelación ya había confirmado que la inhibición debía cumplirse de manera inmediata, sin efecto suspensivo.
Ante este contexto, la Fiscalía acusa tanto a Rodrigues como a Tuma de haber participado en una operación destinada a disimular el origen ilícito de los bienes, con el objetivo de evitar su eventual comiso. El caso es investigado bajo la figura de lavado de activos y asociación criminal.
Fuente: ABC Color
