En un clima de desconfianza, senadores de diferentes bancadas exigieron al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) garantías de transparencia en la licitación para la compra de máquinas de votación. La sesión dejó en evidencia dudas sobre la seguridad informática, los costos del proceso y la influencia de intereses empresariales.
El presidente del TSJE, Jaime Bestard, junto con los ministros Jorge Bogarín y César Rossel, acudieron al Senado para responder a cuestionamientos. Legisladores opositores insistieron en la necesidad de incorporar lectores biométricos, mientras que sectores colorados y aliados sugirieron volver al voto con papeletas tradicionales.
El senador Líder Amarilla (PLRA) advirtió que la licitación corre el riesgo de convertirse en una disputa comercial entre empresas proveedoras, lo que podría minar la legitimidad del sistema. Colym Soroka (ANR) pidió que las máquinas cuenten con certificaciones internacionales como ISO 15408, 27001 y 9001 para reducir vulnerabilidades.
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El debate sobre la biometría marcó la sesión. Sergio Rojas (PLRA) señaló que sin este mecanismo persisten sospechas de manipulación en el padrón. El TSJE reconoció que su implementación es viable, pero aclaró que requeriría entre 20 y 30 millones de dólares adicionales, cifra no prevista en el presupuesto actual.
La senadora Esperanza Martínez (FG) propuso impulsar un proyecto de ley para incluir la biometría antes del estudio del Presupuesto General de la Nación. Sin embargo, el presidente del Congreso, Basilio Núñez (ANR), indicó que cualquier discusión debe pasar primero por la Junta de Gobierno de su partido.
Otros senadores, como Dionisio Amarilla y Celeste Amarilla, plantearon declarar desierta la licitación y retornar al sistema de papeletas. Ramón Retamozo (ANR) coincidió al señalar que la prioridad debe ser la transparencia y la confianza de la ciudadanía, incluso si ello implica abandonar temporalmente la tecnología electoral.
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Bestard advirtió que volver a convocar una licitación dejaría al país sin margen de tiempo para implementar cambios antes de las elecciones municipales. Recordó que la adquisición prevista de 28.000 máquinas de votación, con un costo estimado de 93 millones de dólares, busca cubrir al menos ocho procesos electorales en un periodo de diez años.
El TSJE reiteró que el proceso se realiza bajo criterios de soberanía y costo-beneficio, mientras la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas analiza protestas presentadas por consorcios internacionales. Pese a las explicaciones, tanto oficialistas como opositores coincidieron en que la confianza ciudadana en el sistema electoral está en riesgo y que el tema seguirá en debate.
Fuente: ABC Color
