Más de 400 mil familias paraguayas se encuentran atrapadas en un ciclo de endeudamiento con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Aunque muchas logran refinanciar sus deudas, la solución resulta insuficiente, ya que cada pago parcial genera nuevas obligaciones acumuladas.
El problema afecta principalmente a comerciantes y trabajadores informales, quienes dependen de la electricidad para mantener sus actividades diarias. La falta de ingresos suficientes convierte el servicio eléctrico en una carga difícil de sostener.
En el Mercado de Abastos, uno de los puntos más golpeados, vendedores afirman que la tarifa eléctrica consume gran parte de sus ingresos. En un país con abundantes recursos hidroeléctricos, la población esperaba contar con energía más accesible. Sin embargo, las facturas de la ANDE continúan representando un gasto excesivo.
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Los trabajadores señalan que el salario mínimo vigente no cubre las necesidades básicas. El reciente aumento de 100 mil guaraníes fue calificado como insuficiente. Estiman que el salario debería superar los 4 millones de guaraníes para garantizar una vida digna y cubrir servicios esenciales como la electricidad.
El impacto es mayor debido a la indispensabilidad del servicio eléctrico en el clima paraguayo, donde ventiladores y equipos de refrigeración son esenciales. Asimismo, actividades productivas como carnicerías, despensas y puestos gastronómicos dependen directamente de un suministro constante.
El corte de electricidad es otra amenaza latente. Para quienes trabajan en el comercio, quedarse sin luz significa detener la producción y perder ingresos diarios, lo que genera un círculo vicioso entre deuda, refinanciación y nuevos atrasos.
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Ante este escenario, organizaciones ciudadanas y gremiales reclaman tarifas sociales diferenciadas y un plan de ajuste salarial que contemple las condiciones reales de vida. Sin medidas de fondo, la refinanciación se mantiene como un parche que no resuelve la crisis de miles de familias.
La problemática evidencia la necesidad de políticas públicas que equilibren el acceso a servicios básicos con la capacidad económica real de la población trabajadora. La crisis social requiere atención inmediata para evitar mayor deterioro de las condiciones de vida.
Fuente: Megacadena
