El Ministerio Público abrió un análisis preliminar sobre las dos denuncias presentadas contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, en el marco del caso conocido como los “sobres del poder”. Ambas causas, radicadas en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), buscan determinar si los hechos denunciados ameritan una investigación penal.
Las denuncias fueron presentadas por la abogada María Esther Roa y su colega Guillermo Ferreiro el 25 de septiembre, y posteriormente por un grupo de legisladores encabezados por la diputada Johanna Ortega (País Solidario) el 2 de octubre. Los escritos fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado y derivados a la UDEA, que está bajo la supervisión de la fiscala adjunta María Soledad Machuca.
#ALaGran730#LosSobresDelPoder| El examen de correspondencia implica la verificación inicial de los antecedentes, la revisión del contenido de la denuncia y la evaluación de si los hechos relatados corresponden o no a la competencia de la unidad especializada.
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— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 8, 2025
El fiscal general Emiliano Rolón explicó que los documentos se encuentran en un proceso de “examen de correspondencia”, etapa en la cual se evalúan los hechos, montos y datos expuestos antes de decidir si corresponde abrir una causa o unificar ambas denuncias. La revisión está a cargo del director de la Unidad de Delitos Económicos, Nelson Salinas.
Por otro lado, Roa cuestionó la falta de acción inmediata del Ministerio Público y afirmó que “pasaron dos semanas sin que se abra una investigación oficiosa, lo cual es grave”. Según la abogada, los hechos relatados podrían configurar delitos como lesión de confianza, cohecho, soborno, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero.
Por su parte, los legisladores opositores solicitaron indagar el incremento patrimonial del presidente Peña, quien, según la denuncia, pasó de declarar unos G. 2.300 millones cuando era ministro de Hacienda a unos G. 23.000 millones al asumir la presidencia, con alrededor de G. 10.000 millones sin justificación clara.
El caso “sobres del poder” surgió a partir del testimonio de la excoordinadora de Mburuvicha Róga, Luz Maribel Candado Romero, quien relató el hallazgo de sobres y bolsas con dinero en efectivo dentro de la residencia presidencial. Según su versión, cada paquete contenía USD 100.000, y los hechos quedaron registrados en mensajes de WhatsApp.
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Candado también denunció que, tras el supuesto robo de dinero, ella y sus familiares fueron sometidos a pruebas poligráficas, hecho que fue confirmado por el ministro de Defensa, Óscar González. Lo llamativo es que, pese a la cercanía de una comisaría, no se realizó una denuncia formal del presunto hurto.
La investigación fiscal ahora busca determinar si existen elementos suficientes para abrir una causa penal o si las denuncias se unificarán en un solo expediente. Mientras tanto, el caso mantiene la atención pública y política, al involucrar directamente al jefe de Estado en uno de los episodios más polémicos de su administración.
Fuente: ABC Color
