El exdirector regional del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Pedro Enrique Gómez de la Fuente, fue emplazado nuevamente por el Juzgado Penal de Ejecución Especializado en Crimen Organizado Nº 3 para cumplir su condena de tres años y seis meses de prisión. La sentencia fue dictada por cohecho pasivo y extorsión en el marco del conocido caso Indert.
El juez Carlos Mendoza Peña otorgó un plazo de cinco días hábiles para que Gómez de la Fuente se presente voluntariamente ante el juzgado o en una comisaría o penitenciaría habilitada. De no hacerlo, se procederá de forma inmediata a la ejecución de la fianza inmobiliaria ofrecida en 2019, cuando obtuvo medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El magistrado recordó en su resolución que la caución real ofrecida por el condenado fue aceptada como garantía para su libertad provisional durante el proceso penal. En caso de incumplimiento del mandato judicial, se ejecutará el embargo sobre la propiedad familiar inscrita bajo la finca N° 32.618 del distrito de La Recoleta.
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El inmueble pertenece a Delia Susana Gómez de la Fuente Antúnez y Carmen María Gómez de la Fuente Antúnez, hermanas del condenado, y fue tasado en G. 200 millones. El juzgado ya notificó a las fiadoras y solicitó a la Dirección General de Registros Públicos un informe sobre el estado de dominio del bien.
La condena contra Gómez de la Fuente fue dictada el 8 de julio de 2022 por el Tribunal de Sentencia presidido por Elsa García e integrado por Claudia Criscioni y Yolanda Morel. En el mismo proceso también fue condenado el exdiputado de Patria Querida, Carlos María Soler, a cuatro años de prisión.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Leonardi Guerrero, probó que en 2019 los acusados solicitaron 125.000 dólares al estanciero Albino Méndez a cambio de revertir la revocación de adjudicación de un terreno de 3.900 hectáreas ubicado en el Chaco.
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De acuerdo con las pruebas presentadas, Méndez entregó dos cheques por G. 100 millones y G. 60 millones al entonces diputado Soler, quien posteriormente los remitió a Gómez de la Fuente para ser cobrados. Ambos acusados fueron hallados culpables de solicitar dinero de manera indebida utilizando sus cargos públicos.
Con la ejecución de la fianza, el juez busca garantizar el cumplimiento efectivo de la condena, cerrando un caso emblemático de corrupción que involucró a altos funcionarios del Indert y del ámbito político nacional.
Fuente: ABC Color
