El programa Hambre Cero, promocionado como eje social del Gobierno, opera bajo tensión financiera. Proveedoras reportan más de cinco meses de atraso en los desembolsos. La continuidad del servicio depende de la liberación de fondos.
El Ministerio de Economía y Finanzas acumula obligaciones pendientes con las empresas del esquema. La Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay estima una deuda que supera los USD 240 millones. El sector advierte riesgo de interrupción si no se regulariza el flujo.
Impacto en cobertura y contratos
El plan alcanza a cerca de un millón de niñas y niños en todo el país. La provisión involucra una cadena laboral directa de más de 30.000 personas y unas 150.000 en logística e insumos. La falta de pago desordena contratos que exigen liquidación a 60 días.
Los atrasos actuales superan los 150 días en múltiples casos, según el gremio. Las compañías afrontan mayores costos financieros por recurrir a créditos. La previsibilidad contractual se vuelve crítica para sostener el calendario escolar.
PROVEEDORAS DE HAMBRE CERO, PROGRAMA EMBLEMÁTICO DEL GOBIERNO, ALERTAN QUE PLAN YA NO ES SOSTENIBLE POR FALTA DE PAGOS
◾La mayoría de las empresas proveedoras de alimentos para el Programa estrella del Gobierno Hambre Cero en las escuelas reclaman el pago de US$ 240… pic.twitter.com/IuexNIxhSJ
— Cuarto Poder Py (@CuartoPoder_Py) November 11, 2025
Empresas proveedoras mantienen la entrega sin reducir calidad ni cantidad, pero con presión de caja creciente. Intereses y compromisos se acumulan en el circuito de abastecimiento. El quiebre de algún eslabón podría detener el servicio.
La CAEPY formalizó el reclamo con una nota dirigida al Ministerio de Economía. El pedido central es un plan de pagos que normalice los saldos. La urgencia se vincula con el cierre del año lectivo y la continuidad inmediata del esquema.
Solicitan reunión y previsibilidad
El gremio solicitó audiencia con el ministro Carlos Fernández Valdovinos. El objetivo es acordar un cronograma para cancelar la deuda. La definición temprana permitiría programar compras y contratos de personal.
El Gobierno había anunciado blindaje presupuestario para evitar atrasos. La situación actual muestra diferencias con ese objetivo. Proveedoras sostienen que no se registran pagos desde abril.
Hambre Cero integra a agricultura familiar y MIPYMES en su diseño operativo. El atraso impacta con mayor fuerza a pequeños productores y empresas de menor escala. La capacidad de sostener nóminas y abastecimiento aparece comprometida.
El programa fue presentado como la política social más ambiciosa de la administración. La cobertura abarca los 17 departamentos. La ejecución requiere flujo continuo de recursos para cumplir menús y entregas.
Otro frente: infraestructura y obras
Paralelamente, constructoras y viales denunciaron una deuda superior a USD 200 millones. La situación pone en riesgo la continuidad de obras públicas en diversos puntos. La acumulación de pasivos presiona la programación presupuestaria.
La coincidencia de reclamos exhibe un problema de pagos en sectores estratégicos. La afectación se traduce en riesgos de servicio y de empleo. La regularización depende de decisiones financieras del Tesoro.
El contexto demanda un esquema de cancelación que estabilice la cadena alimentaria. Un calendario verificable de pagos reduciría costos financieros y sobrecargos. La coordinación interinstitucional resulta clave para priorizar recursos.
Leé más: Hambre Cero: proveedores reclaman pagos atrasados de 150 días
La etapa final del año lectivo exige celeridad en los desembolsos. La provisión continua depende de la liquidez para compras e insumos. Un ajuste oportuno evitaría suspensiones en escuelas.
Las proveedoras aguardan una respuesta oficial para sostener la operación. La normalización permitiría retomar plazos contractuales de 60 días. Sin fondos, se intensifica el riesgo de cortes en la alimentación.
Fuente: El Nacional
