El Poder Ejecutivo autorizó recientemente un incremento presupuestario de USD 36,3 millones dentro del PGN 2026. Esta medida tiene como fin principal cumplir con los pagos a los proveedores del programa Hambre Cero. Mediante el Decreto 5695, la Presidencia de la República habilitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para realizar esta operación. El monto total asciende a más de G. 236.590 millones. Los recursos se destinarán directamente a la alimentación escolar en las instituciones públicas del país.
Según el documento oficial, este ajuste surge de una modificación en la estimación de los ingresos estatales. El aumento beneficia de manera directa a varias administraciones departamentales en todo el territorio nacional. Por ejemplo, la gobernación de Concepción recibirá G. 8.215,9 millones para sus compromisos locales. San Pedro contará con G. 29.895,5 millones, mientras que Cordillera percibirá G. 10.536,5 millones adicionales. Estas cifras buscan estabilizar la provisión de alimentos en zonas de alta vulnerabilidad.
Asimismo, se distribuyeron unos G. 91.452 millones entre otros seis departamentos específicos. Estas regiones incluyen a Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones y Paraguarí. Además, el decreto contempla G. 96.489,9 millones restantes para las zonas de frontera y el Chaco. Departamentos como Alto Paraná, Amambay y Boquerón figuran en esta lista de beneficiarios presupuestarios. El despliegue financiero busca dar cobertura total a los 17 departamentos del país.
Impacto social y deudas con proveedores
El Gobierno catalogó a Hambre Cero como uno de sus proyectos sociales más emblemáticos actualmente. Su objetivo central es garantizar que los estudiantes de escuelas públicas reciban alimentación diaria y nutritiva. Además, el plan pretende dinamizar la economía local mediante la compra de insumos. Se prioriza para esto a los productores de la agricultura familiar campesina y pequeñas empresas. De esta manera, el programa tiene un alcance educativo y también productivo.
Sin embargo, la implementación del proyecto enfrentó diversas críticas en los últimos meses escolares. Varios proveedores denunciaron retrasos significativos o incumplimientos en los pagos por parte del Estado. Estas deudas pusieron en riesgo la continuidad de la alimentación escolar en diversos puntos. Las empresas advirtieron que la falta de recursos dificultaba la logística y provisión de alimentos. Ante esta situación, la inyección de capital actual aparece como una respuesta institucional.
Estrategia económica y blindaje de recursos
El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, garantizó en varias ocasiones la disponibilidad de fondos. Recientemente, el titular del MEF anunció un plan de reforma denominado “economía de guerra”. Esta estrategia implica recortes estrictos en diversos sectores del gasto público nacional. Sin embargo, Fernández Valdovinos alegó que Hambre Cero no será afectado por estas limitaciones. El programa se considera una prioridad innegociable dentro de la agenda social del Ejecutivo.
A pesar de las restricciones fiscales vigentes, el PGN 2026 sigue sumando ampliaciones específicas. Este incremento de USD 36,3 millones se añade a otros G. 1,05 billones aprobados anteriormente. Dichos fondos beneficiaron a entidades como el Ministerio de Desarrollo Social y la AFD. También se incluyeron recursos para la Universidad Nacional del Este y el Ministerio de Justicia. El Estado busca así equilibrar la austeridad con el sostenimiento de servicios básicos.
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