El agente fiscal Itálico Rienzi confirmó la detección de múltiples irregularidades en un caso de presunto ordeñe de combustible. El hecho fue descubierto en la ciudad de Mariano Roque Alonso tras reiteradas denuncias de vecinos. Los intervinientes investigan inicialmente la comisión de delitos ambientales en un depósito local. Sin embargo, el Ministerio Público no descarta ampliar la carátula fiscal ante nuevos hallazgos sospechosos. La causa tomó un cariz grave tras reportarse amedrentamientos contra trabajadores de prensa locales.
La comitiva fiscal y policial allanó esta semana un recinto utilizado para el transbordo constante de carburantes. Según el fiscal Rienzi, la actividad se realizaba sin las mínimas precauciones de seguridad ambiental. Los investigadores utilizaron imágenes de cámaras de circuito cerrado para documentar el movimiento en el sitio. Las grabaciones confirmaron la llegada diaria de al menos tres camiones cisterna de gran porte. Cada unidad transportaba aproximadamente unos 36.000 litros de combustible al local intervenido.
El procedimiento permitió la incautación de diversos elementos técnicos utilizados para el trasvase de líquidos. Los agentes hallaron mangueras de gran diámetro y motores industriales en el depósito de Mariano Roque Alonso. Estas herramientas confirman que el traspaso de sustancias inflamables se hacía de forma totalmente precaria. La Fiscalía sostiene que estas acciones violan normativas ambientales vigentes en el territorio nacional. Además, el sitio carecía de autorizaciones oficiales para operar como planta de almacenamiento.
Inconsistencias en la defensa de la empresa Impulsa S.A.
La firma investigada, denominada Impulsa S.A., intentó justificar la presencia del combustible durante el operativo fiscal. Sus representantes alegaron que realizaban el traspaso de cisternas a camiones de menor tamaño. Sin embargo, el fiscal Itálico Rienzi resaltó una contradicción fundamental en la capacidad logística de la empresa. La flota declarada por la firma es de solo 30 camiones pequeños. Estos vehículos poseen tanques con una capacidad limitada de entre 500 y 1.000 litros cada uno.
Ordeñe de combustible de Petropar en un tinglado de Mariano Roque Alonso
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— Telefuturo (@Telefuturo) April 9, 2026
El Ministerio Público cuestionó el destino final del excedente diario de carburante procesado en el recinto. “¿A dónde va el excedente? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora”, resaltó el agente Rienzi. La empresa cuenta con cisternas propias, pero no las utilizaba para retirar el producto de la petrolera. Otro punto crítico es la presentación de una factura con timbrado falso al inicio de la pesquisa. Aunque luego presentaron un documento legal, la sospecha sobre la trazabilidad de la mercadería permanece activa.
Denuncian amenazas contra periodistas de Mariano Roque Alonso
La gravedad del caso de ordeñe de combustible aumentó tras las denuncias de varios comunicadores. Periodistas locales reportaron al fiscal de la causa haber recibido amenazas directas por difundir el operativo. Personas vinculadas a la empresa investigada habrían intentado amedrentar a quienes divulgaron la noticia del procedimiento fiscal. El fiscal Rienzi destacó que estas acciones buscan silenciar el trabajo de investigación periodística en la zona. La Fiscalía ya tomó nota de estas denuncias para las acciones correspondientes.
La Municipalidad de Mariano Roque Alonso ya había intentado intervenir el sitio en reiteradas ocasiones anteriores. La comuna intimó a los encargados a presentar la documentación legal requerida por las ordenanzas vigentes. Sin embargo, el personal del depósito se mostraba cerrado y se negaba a recibir las notificaciones oficiales. Los intervinientes relataron que los responsables no comprendían la peligrosidad de realizar estas maniobras en plena vía pública. Alegaban que siempre trabajaron de esa manera sin enfrentar cuestionamientos legales previos.
Delitos ambientales y posibles vínculos políticos en la causa
Actualmente, la Fiscalía tiene comprobada la manipulación irregular de sustancias explosivas y peligrosas. Este hecho se configura plenamente como un delito ambiental dentro del código penal paraguayo. El recinto no contaba con la autorización del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Tampoco poseía medidas básicas de prevención contra incendios o planes de contingencia para derrames químicos. El fiscal Rienzi mencionó haber escuchado rumores sobre la posible implicancia de actores políticos en el esquema.
La investigación sobre el ordeñe de combustible continuará con el estudio de los documentos contables incautados. El Ministerio Público busca determinar si existe un esquema de comercialización ilegal de hidrocarburos a gran escala.
Fuente: ABC Color
