La Policía Nacional resolvió separar de su cargo al jefe de Gabinete, el comisario Rodolfo Fernández Aldama. Esta medid a responde a graves denuncias por presuntas coimas dentro de la institución en Asunción. El uniformado es investigado por facilitar o evitar traslados de subalternos a cambio de dinero. La situación genera una fuerte reacción política y pedidos de intervención a los organismos de control estatal.
La separación de Fernández Aldama se realizó de manera preventiva mientras duren las investigaciones oficiales. Mediante un comunicado, la Policía Nacional reiteró su compromiso con la legalidad y la transparencia institucional. Aseguraron que no tolerarán conductas que se aparten de las normas éticas establecidas. De confirmarse las responsabilidades, se adoptarán las sanciones correspondientes según el reglamento policial vigente.
El esquema investigado es conocido internamente como la “industria de traslado” dentro de las fuerzas públicas. Según las denuncias, diversos agentes realizaban pagos ilegales para obtener destinos en comisarías cercanas a sus residencias. También buscaban evitar ciertos servicios operativos considerados riesgosos o distantes. Los uniformados preferían prestar servicios en las zonas fronterizas del país por considerarlas ubicaciones más favorables.
¿Cómo funcionaba la red de pagos por traslados?
Los pagos irregulares se efectuaban de manera periódica, con frecuencias semanales o mensuales. Estos montos aseguraban la permanencia de los agentes en sitios de su conveniencia personal. Parte del dinero recaudado habría sido canalizado directamente a cuentas personales de jefes de mayor jerarquía. Existían acuerdos informales para asignar funciones regionales específicas a cambio de estas sumas de dinero en efectivo.
Varios agentes abonaban montos fijos para no ser enviados a misiones operativas complejas. Fernández Aldama ya enfrentó cuestionamientos previos por su gestión en la oficina de Interpol Paraguay. Se lo vinculó con el levantamiento irregular de alertas rojas que beneficiaron a personas cercanas al narco Sebastián Marset. Entre ellas figuran Gianina García Troche y José Estigarribia Cristaldo, alias “La Maldad”.
Piden intervención de la Contraloría General
Ante estas nuevas sospechas, en la Cámara de Senadores solicitaron la intervención de la Contraloría General de la República. El senador Éver Villalba (PLRA) planteó la necesidad de iniciar un examen de correspondencia de bienes del comisario. El objetivo es verificar si existe armonía entre el patrimonio del uniformado y sus ingresos legales. El legislador advirtió sobre la existencia de esquemas de recaudación paralela de larga data.
El parlamentario insistió en que los controles patrimoniales deben ser rigurosos para todos los altos mandos policiales. Fernández Aldama habría recibido reiteradas sumas provenientes de agentes con rangos inferiores dentro de la estructura. Estos movimientos de dinero estaban vinculados a designaciones en las distintas regionales del interior del país. La investigación fiscal y administrativa buscará desmantelar esta presunta red de corrupción que afecta la seguridad nacional.
Fuente: La Política Online
