En el período 2024-2025 se presentaron 2.211 proyectos en Diputados. Tres legisladores presentaron menos de 10 iniciativas cada uno.

Durante su aniversario, el PLRA advirtió que el Gobierno busca una dictadura. Cuestionaron a liberales que negocian con el cartismo y llamaron a una oposición coherente.

Esperanza Martínez impulsa una ley para esclarecer el precio del combustible y frenar aumentos injustificados en un mercado concentrado.

El Minna registró 1.044 denuncias en junio a través de Fono Ayuda 147. Las faltas al deber de cuidado y el maltrato encabezan las estadísticas.

Rusia atacó Kyiv con cientos de drones desde múltiples frentes, dejando muertos, heridos y una ciudad bajo fuego en un giro táctico alarmante.

Peña asegura que el traspaso de Senatur al MIC fortalecerá el turismo. Desde el sector hotelero expresan preocupación por la falta de prioridad estatal.

En medio de críticas y paro anunciado, Cetrapam comparó el negocio del transporte con el de un vendedor de empanadas para defenderse.

Gianina García Troche, esposa de Sebastián Marset, designa a cuatro nuevos abogados en Paraguay. Está procesada por lavado de activos y sigue detenida.

El INFONA lanzó una plataforma y un visor digital que permiten anticipar, planificar y responder ante incendios forestales en el país.

Olimpia presentó al defensor Lucas Morales como refuerzo para el lateral derecho, una de sus zonas más debilitadas esta temporada.

Pese a su condena, Robles fue beneficiado con libertad ambulatoria y no tiene impedimentos legales para volver a trabajar en el Congreso.

El Congreso analizará el paro de buses convocado por Cetrapam y exigirá respuestas al Viceministerio de Transporte este viernes.

Carlos Fernández Valdovinos admitió que los alimentos siguen caros pese a una inflación controlada. Reconoció el impacto sobre los sectores más vulnerables.

Hilario Adorno, intendente condenado por corrupción, sigue administrando los recursos de Puerto Casado, ignorando designación de interino.

La Contraloría advierte que el proyecto que amplía atribuciones del Tribunal de Cuentas legalizaría el “puenteo” y afectaría la transparencia pública.