Cinco años. Un lustro puede ser tiempo suficiente para muchas cosas: se cambian presidentes, hay nuevos parlamentarios, relaciones se terminan y empiezan otras, llegan vidas nuevas y otras se van. Pero hay heridas para las que el tiempo nunca es suficiente y la Masacre de Curuguaty es una herida demasiado profunda en la historia reciente del Paraguay.
El 15 de junio de 2012 el cielo se tiñó de sangre en Curuguaty. El distrito de Canindeyú que fuera capital del Paraguay en tiempos de guerra fue escenario de cómo las diferencias sociales y los problemas de la tierra tuvieron uno de sus peores estallidos.
Lo que debía ser un “desalojo pacífico” terminó en una matanza. Alrededor de 300 policías llegaron para desalojar a menos de un centenar de campesinos que habían ingresado a un predio conocido como “Marina Cué” en las afueras de Curuguaty. Esas tierras eran reclamadas por la familia del poderoso político colorado Blas N. Riquelme como suyas, aunque las dudas sobre la legalidad de esos títulos eran innumerables. Pero sobre este punto ya hablaremos en otras entregas.
Sigamos.
El desalojo terminó en un enfrentamiento que arrojó el saldo de 17 compatriotas muertos: 11 campesinos y 6 policías. Las consecuencias de esa jornada no fueron menores: una semana después, el Congreso destituía a Fernando Lugo de la presidencia de la República en un juicio político exprés.
En julio del año pasado, poco después de que se cumplieran cuatro años de la masacre, varios dirigentes campesinos fueron condenados luego de un proceso judicial lleno de dudas…de demasiadas dudas. Mujeres fueron condenadas por estar en el lugar de los hechos con niños en brazos.
Todos los condenados fueron procesados por la muerte de los seis policías caídos el 15 de junio de 2012. Sin embargo, no hay todavía respuestas sobre los responsables de las muertes de 11 campesinos durante el suceso.
Ante la falta de respuestas dentro del sistema judicial paraguayo, abogados de los hoy condenados recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar las irregularidades del proceso y la falta de investigación a las denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales.
El Estado paraguayo respondió hace un par de meses a la denuncia. Son tres instituciones las que responden en nombre del Estado paraguayo: el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General del Estado. Esa respuesta solo genera más dudas sobre el actuar de los organismos encargados de la investigación del caso.
AAM y RDN tuvieron acceso a esos documentos y a partir de esta y en siguientes entregas analizaremos algunos puntos llamativos de esa respuesta.
“Olvidan” ejecuciones, desapariciones y torturas
Probablemente el punto más grave y grosero es en donde el Ministerio Público niega haber recibido denuncia alguna sobre las supuestas torturas y ejecuciones extrajudiciales que se registraron días después de la masacre.
Luego de la fatídica jornada del 15 de junio de 2012, cuerpos de campesinos fueron hallados sin vida incluso 48 horas después de la masacre. Los mismos presentaban signos de haber sido arrastrados y se encontraban en posiciones por demás llamativas para quienes habían caído muertos en un combate.
De acuerdo a las denuncias, algunos incluso llegaron a llamar a sus familiares a avisarles que estaban por ser ejecutados. De hecho, varios de los cuerpos presentaban heridas de armas de fuego
disparadas a quemarropa a la altura de sus cabezas, quedando con importantes pérdidas de masa encefálica.
Detenidos fueron torturados y permanecieron incomunicados durante días en las celdas de la comisaría de Curuguaty. Algunos quedaron retenidos por el solo hecho de asistir a heridos o de ser familiares de los ocupantes.
Las denuncias sobre estos hechos fueron presentadas ya en octubre de 2012. El mismísimo fiscal Jalil Rachid, quien llevaba adelante la causa, recibió en sus propias manos las denuncias de parte del abogado español Aitor Martínez el 8 de octubre de 2012.
Aunque la Fiscalía lo niegue, el mismo Ministerio Público abrió una investigación a cargo del fiscal Santiago González, de la unidad de Derechos Humanos. Lo llamativo es que la propia institución se contradice al decir que esta investigación prosigue y que buscan aclarar.
No deja de ser llamativo, además, que sea la unidad de Derechos Humanos la que lleve adelante la causa cuando esa unidad no investiga asesinatos sino más bien casos de malos tratos y torturas.
Y como si esas denuncias no fueran suficientes, organismos internacionales como la propia ONU y otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos solicitaron en reiteradas ocasiones la investigación de torturas y ejecuciones ¿Cómo es, entonces, que el Ministerio Público dice no haber recibido nunca denuncias al respecto?
A casi 5 años de que se presentaran esas denuncias, hubo apenas un par de testificales. Nunca hubo siquiera un imputado o procesado por las ejecuciones, intentos de desapariciones y torturas.
La pregunta sigue: ¿Qué pasó en Curuguaty?
[email protected] – @juankilezcano
Mañana: Las evidencias que nunca aparecieron
