Los exdirectores fueron imputados por la Fiscalía por la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y estafa.
Según los datos, los procesados están vinculados supuestamente al desembolso de G. 1.220.254.742 y G. 830.689.982, que fueron depositados en la cuenta del Consorcio Baumann & Beta por dos certificados de obras. En relación a la construcción de la sede regional del Ministerio Público de Encarnación.
Desde el Ministerio Público indicaron que el depósito de los montos se efectúo a pasar que las pólizas de seguro eran falsas, las que fueron presentadas por una persona extraña a la asociación.
La fiscala manifestó que los exdirectivos actuaron fuera de lo establecido en el manual de funciones para directores y funcionarios del Ministerio Público. El hecho causó un perjuicio patrimonial a la institución.
“Se trataba de una aseguradora diferente a la que había iniciado la obra. Se sabe que ninguna aseguradora cubriría una obra ya iniciada y avanzada. No se solicitó ninguna documentación al Ministerio Público para presentarla a la nueva aseguradora”, aseguró la agente.
El dato
El daño al Ministerio Público de más de G. 2.000 millones se llevó a cabo cuando Javier Díaz Verón era titular en la Fiscalía General del Estado.
En tanto que la obra de Encarnación es objeto de una auditoría, y se podría generar más involucrados en el negociado.
Díaz Verón se encuentra recluido actualmente en la cárcel militar de Viñas Cué, por enriquecimiento ilícito. Mientras que María Selva Morínigo, esposa, cuenta con prisión domiciliaria en la causa por lavado de dinero.
El caso
La fiscalía ya imputó anteriormente a Víctor Ramírez Parquet, Rodrigo Ramírez Parquet, Rodrigo Benítez Barriocanal, Rodrigo Ojeda Giménez, Feliciana Añazco de Sánchez, Édgar Ayala Castro y Claudia Domínguez Persingola, por la comisión de los hechos punibles de producción de documentos públicos no auténticos y estafa.
Los tres primeros representan al consorcio Baumann & Beta, y los cuatro últimos son empleados de la aseguradora El Productor SA.
Es el caso de la licitación para la construcción de la sede regional del Ministerio Público en Encarnación, que el 4 de diciembre de 2012 fue adjudicada a “Baumann & Beta”.
Por disposición de la fiscala general Sandra Quinóñez, se auditan otras sedes del Ministerio Público en el interior del país, de acuerdo a los reportes de Abc, en su edición impresa.
