Luego de los alegatos finales y las réplicas correspondientes de los representantes del Estado paraguayo y de los denunciantes, la Comisión IDH realizó una observación final, a través de su representante, Christian González, en la cual consideró que Juan Arrom y Anuncio Martí fueron víctimas de desaparición forzada y de tortura.
González indicó que existen elementos que determinan la privación de libertad de los denunciantes; así también el diagnóstico médico e informes psiquiátricos que concluyen que ambos, fueron maltratados físicamente y psicológicamente.
Por su parte, Silvia Serrano, también representante de la Comisión IDH, mencionó por su parte que la tareas del Estado paraguayo fueron insuficientes y que la aplicación del habeas corpus, presentada por los familiares de los denunciantes, fue deficiente.
Mientras, que la acusación estableció ante la CIDH que, si el fallo es favorable para Juan Arrom y Anuncio Martí, el Estado paraguayo deberá abonar una indemnización simbólica de USD 50 millones para los denunciantes y sus familiares por el presunto secuestro y tortura además de pagar las costas judiciales del caso.
Piden además, que el proceso de tortura sea reabierto para que los supuestos responsables sean condenados.
Por otra parte, Sergio Coscia, representante de Paraguay, acusó a la Comisión IDH de haber violado varias leyes internacionales establecidas, entre ellas la de presunción de inocencia, informó ABC Color.
