Coscia informó al Presidente de la República Mario Abdo Benítez sobre lo que calificó “una sentencia histórica”, ya que es la primera vez en el país, que una sentencia penal queda firme y ejecutoriada.
Recordó que el trabajo de la Procuraduría es recuperar los bienes que le pertenecen a la gente, en este caso fueron condenadas dos personas por malversación de fondos en la provisión de alimentos a las comisarías.
“Se había iniciado la ejecución de una sentencia penal y por primera vez queda firme la ejecución y ahora podremos recuperar bienes que fueron obtenidos de manera irregular, a nombre del Estado”, detalló.
Precisó que esta semana se estaría dando la autorización para el cobro de un cheque de G. 600 millones, así como un inmueble que pasará a manos del Estado. Al respecto aclaró que todo lo mencionado irá a las arcas del Tesoro Público que a su vez redistribuirá los fondos, en este caso a la Policía Nacional, por ser la institución afectada.
En otro momento, Coscia aseguró que el significado de esto es no solamente el monto, sino que por fin se tiene un mecanismo de recuperación de condenas penales.
“La gente que está condenada penalmente necesariamente por parte del Estado, ya tiene un antecedente y se iniciarán las ejecuciones civiles, es decir vamos a ir sobre los bienes de las personas que cometen hechos punibles”, añadió.
Además, explicó que aquellas personas que cometan hechos punibles en cuya sentencia este determinado un monto, el Estado paraguayo podrá recuperarlo, conforme a las resoluciones judiciales.
“Lo importante es que estamos ejecutando una sentencia y quitándole bienes a los propios condenados (…) está culminado el proceso, estaba pendiente un recurso de casación que terminó el jueves. Solo queda rematar el bien embargado y cobrar el cheque”, refirió finalmente el alto funcionario estatal.
Antecedentes del caso
Los antecedentes del caso refieren que el reclamo del Estado paraguayo tiene su origen en la causa penal caratulada “Francisco Benítez y otros sobre lesión de confianza”, que ha concluido con el dictado de la Sentencia Definitiva Nº 152 de fecha 20 de agosto de 2012, por la cual el Tribunal de Sentencia competente integrado por los jueces Gloria Hermosa de Correa, Sandra Farías y Héctor Capurro, resolvió condenar a penas privativas de libertad y declaró civilmente responsables a los ex funcionarios de la Policía Nacional, Hermes García Balmaceda (jefe del departamento de Intendencia), Juan Silverio Melgarejo Villalba (Girador del departamento de Intendencia, Carlos Sánchez Cano (Girador del departamento de Intendencia), Francisco Benítez Figueredo (ayudante del departamento de Intendencia) y a Milciades Dionisio Sanabria Cantero (propietario de la firma MS Import-Export).
En ese sentido, el Tribunal de Sentencia determinó que los mencionados funcionarios han participado dolosamente en la contratación irregular para la compra de carne vacuna fresca al gancho destinadas a las jefaturas del interior del país para todo el ejercicio 2003 con la firma proveedora MS Import-Export, causando una cuantiosa sobrefacturación e injusto menoscabo al patrimonio de la Policía Nacional al haberse pagado a la citada empresa por 276.444 kilos de carne.
Asimismo, se comprobó que el representante de la firma, en connivencia con los citados funcionarios policiales, permitieron que no ingresara la cantidad de 180.509 kilos de carne a las distintas dependencias de la Policía Nacional, produciéndose así un perjuicio económico de G. 1.101.104.900 al Estado paraguayo, informó la agencia IP.
