El Ministerio Público solicitó a la organización del festival Ja’umina, informes sobre el personal contratado, planos y protocolos de seguridad, a fin de determinar la responsabilidad de la empresa G5PRO.
Las fiscales Luz Guerrero, Nathalia Silva y Laura Giacummo pidieron las documentaciones a la firma, a la Municipalidad de San Bernardino, a la Comandancia de la Policía Nacional y a la Superintendencia de Salud, acerca de los protocolos de control de seguridad, la lista de guardias privados, los contratos con las empresas de seguridad y del servicio extrahospitalario de emergencia y el permiso municipal para el acontecimiento.
Del mismo modo, las agentes fiscales pidieron los planos de seguridad de acuerdo a cada sector, salidas de emergencia y datos relacionados a la seguridad.
A la Comandancia de la Policía consultaron sobre la existencia de nota de comunicación y solicitud de cobertura para el acto.
También, pidieron a la Superintendencia de Salud la copia de fiscalización realizada a la empresa SAE encargada del servicio de ambulancia.
La familia de Cristina “Vita” Aranda denunció que la ambulancia en la que fue trasladada no contaba con el equipo completo de asistencia.
