El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) confirmó el cierre de la financiación por más de US$ 215 millones para el viaducto elevado de Luque y los accesos a la ruta PY02 hasta Ypacaraí. El paquete forma parte del denominado “primer sistema de acceso y salida rápida de la Gran Asunción”.
Se trata de un megaproyecto incorporado a la concesión de la ruta PY02 mediante una adenda a la Alianza Público-Privada (APP) de Rutas del Este. Las obras arrancan en medio de protestas ciudadanas, denuncias penales sin avances y cuestionamientos por el impacto ambiental, con un plazo de ejecución de 30 meses.
El paquete autorizado por la adenda 7 incluye una autopista elevada de 4 kilómetros que atravesará una amplia franja urbana de Luque.
El proyecto, sin licitación
La cartera, dirigida por Claudia Centurión, dio la orden de inicio de las obras en diciembre del año pasado. El proyecto fue adjudicado sin licitación a la Sociedad de Objeto Específico (SOE) Rutas del Este, integrada por Sacyr y Ocho A, representada por el empresario Juan Carlos Pettengill, hijo del senador Luis Pettengill.
Además, contempla la ampliación y, en ciertos tramos, la duplicación de las rutas Luque–Areguá y Luque–San Bernardino, que se conectarán con la PY02 en la zona de Ypacaraí.
El MOPC informó que el consorcio Rutas del Este obtuvo la financiación del proyecto a través de BID Invest, la banca privada del BID. La institución precisó que el financiamiento asciende a US$ 215.020.616, que cubre todo el Presupuesto Final de Inversión, con cierre financiero realizado el 16 de diciembre de 2025. La cartera confirmó que la estructura contempla exclusivamente a BID Invest, sin participación de entidades financieras locales.
De igual forma, Rutas del Este ya opera el peaje de San Bernardino. Su recaudación se deposita en el fideicomiso que financia la APP, alimentado por peajes y aportes estatales superiores a US$ 90 millones anuales, monto que aumentaría con estas obras.
Protestas por parte de vecinos de Luque
Mientras tanto, ciudadanos de Luque mantienen la oposición al proyecto. El sábado último realizaron una nueva manifestación, luego de que la Municipalidad autorizara la tala de 180 árboles de distintas especies para habilitar el inicio de los trabajos.
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Los vecinos ya habían ampliado el año pasado una denuncia penal contra la concesión. Esa causa permanece sin avances en el Ministerio Público desde agosto de 2023. Las protestas se centran en el impacto ambiental y en la forma en que se amplía la concesión bajo el esquema de APP.
30 meses para fin de las obras
De acuerdo con los datos oficiales, la orden de inicio de las obras se emitió el 23 de diciembre de 2025. Desde esa fecha, la SOE Rutas del Este S.A. dispone de un plazo contractual de 30 meses para la culminación del proyecto. Sobre la liberación de la franja de dominio, el MOPC indicó que el proceso está en ejecución conforme al cronograma.
Este incluye difusión del proyecto, relevamiento en territorio, ajuste del catastro y avalúo de inmuebles y mejoras. La primera etapa, de carácter social, abarca el relevamiento de información de las personas afectadas, reuniones en campo, recolección de documentación respaldatoria y atención de situaciones sociales vinculadas a las expropiaciones.
En cuanto a la inversión para liberar la franja de dominio, la cartera precisó que se cuenta con un presupuesto de US$ 8,5 millones. En una etapa inicial se identificaron unas 1.200 carpetas de afectaciones, sujetas a validación y ajustes a medida que avance el catastro y el avalúo.
La SOE Rutas del Este S.A. tiene a su cargo los trabajos técnicos y sociales, incluidos catastro, avalúos, gestión documental y pagos, bajo supervisión de la Dirección de Bienes Inmobiliarios del MOPC. Este proyecto implica un incremento del 30 % en el contrato de concesión de la ruta PY02, a cargo de Rutas del Este, que ya ejecutó la duplicación del tramo entre Ypacaraí y Caaguazú.
El plazo de la concesión es de 30 años, bajo la Ley Nº 5102 de APP, luego derogada por la Ley Nº 7452/2025, normativas que fueron utilizadas para firmar la adenda que habilita la ejecución del proyecto.
Fuente: ABC Color
