Senador Erico Galeano, procesado por supuesta asociación criminal y lavado de dinero en el caso "A Ultranza Py". Foto: Gustavo Machado. Archivo
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción ha rechazado la recusación planteada por el senador Erico Galeano, confirmando así a los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak en la causa penal abierta contra él. Galeano, vinculado al caso “A Ultranza Py”, está siendo procesado por supuesta asociación criminal y lavado de dinero.
El intento de recusación fue presentado por Galeano, representado por el abogado Cristóbal Cáceres Frutos, días antes de la audiencia de imposición de medidas realizada el 26 de septiembre. En dicha audiencia, Galeano fue beneficiado con arresto domiciliario.
La defensa del legislador argumentó que los fiscales carecían de objetividad, apuntando al pedido de prisión preventiva que habían realizado cuando Galeano fue imputado el 19 de mayo.
Sin embargo, la Fiscalía Adjunta, representada por Soledad Machuca, sostiene que las recusaciones planteadas por Galeano son usadas como un mecanismo para obstaculizar el desarrollo normal del proceso.
En la audiencia de imposición de medidas, el fiscal interino Néstor Coronel solicitó el arresto domiciliario para Galeano, argumentando que la etapa actual de la investigación no justifica la prisión preventiva.
El caso “A Ultranza Py” vincula a Galeano con una supuesta asociación criminal y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La investigación contra él se inició con un allanamiento el 26 de marzo de 2022, en relación con la pesquisa contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. En dicho allanamiento, se encontró una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano en una propiedad de Tío Rico.
La Fiscalía sostiene que Galeano proveyó su aeronave al grupo criminal para transportar cargas de cocaína a países de Europa. A cambio, habría recibido sumas de dinero del tráfico de cocaína, las cuales habría insertado en el sistema financiero y económico nacional a través de préstamos y cancelaciones anticipadas, o bien, mediante la compra de bienes entre los años 2020 y 2021.
La confirmación de los fiscales Corbeta y Yoon Pak en este caso es un paso crucial para avanzar en la persecución de estos graves delitos.
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