La lucha contra el tráfico de armas en Paraguay parece estar estancada, al menos según los datos recientes. En lo que va del 2023, se han registrado más de 20 denuncias, pero solo se ha producido una imputación. Este panorama preocupante se da a pesar de que hace cinco años se creó una división especializada dentro de la Fiscalía para tratar exclusivamente los casos de trasgresiones a la Ley de Armas.
Hasta septiembre de este año, se contabilizan alrededor de 20 denuncias sobre tráfico de armas. La mayoría de ellas están relacionadas con presuntas irregularidades en la comercialización de armas dentro del territorio paraguayo. Sin embargo, solo en la unidad a cargo del fiscal Alejandro Cardozo se encuentran en depósito 1.753 armamentos, entre pistolas, municiones y piezas.
El fiscal Alejandro Cardozo explicó que la mayoría de las denuncias se iniciaron como resultado de los procesos de verificación y control realizados por la Dirección de Material Bélico (Dimabel), que identificó la desaparición de unas 17.369 armas. Además, se sumó la imputación de un propietario de un local de ventas en el Departamento de Amambay, donde se registró la desaparición de 3.914 armas.
A pesar de los esfuerzos, las condenas son escasas. En el 2023, solo se registraron 22 condenas, mientras que en el 2022 hubo 23. Estas cifras contrastan drásticamente con el registro de 26.000 armas incautadas con procesos abiertos.
Al menos 16 armas de un lote desaparecido, en Pedro Juan Caballero fueron recuperadas en Brasil. Alejandro Cardozo, fiscal a cargo, indica que se está trabajando con el Ministerio de Asuntos Internacionales para determinar si estas armas fueron contrabandeadas o utilizadas en la comisión de delitos en Brasil.
Además, un importante número de armas incautadas en distintos procedimientos, tanto ligadas a organizaciones criminales como al narcotráfico y otros delitos, se encuentran en los depósitos de la Fiscalía en la Dirección de Material Bélico (Dimabel). Se trata de unos 26.000 armamentos que están en proceso penal abierto.
Juan Morel, subjefe del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, explica que la mayoría de estas armas provienen de allanamientos. Posteriormente son llevadas a la Fiscalía y, por petición de los investigadores, a Criminalística para un análisis técnico. Con la ayuda del sistema IBIS, un comparador balístico integrado, se puede determinar si las armas fueron utilizadas en delitos.
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En relación a las 17.000 armas desaparecidas en investigación, varias de ellas estaban registradas en casas comerciales que cerraron sin dejar rastro. Entre estas se encuentran Santa Rosa de Lima en Sajonia de Asunción, El Dorado en San Antonio, San Blas Caza y Pesca en Asunción, Hobby Caza y Pesca en Capiatá y RC Comercial en Ciudad del Este. En total, 22 comercios autorizados por Dimabel no pudieron justificar su movimiento de stock, sumando a las 17.369 armas que pasaron al mercado ilegal.
Fuente: Última Hora.
