Foto: La Nación
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ha tomado medidas drásticas en un caso de corrupción de gran envergadura. A través del oficio N° 233, Otazú ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del exintendente de Quyquyhó y actual diputado, Esteban Samaniego Álvarez, acusado de administración en provecho propio y asociación criminal. Paralelamente, se ha ordenado el bloqueo financiero para 22 personas imputadas por el fiscal Silvio Corbeta, quienes presuntamente colaboraron en un esquema de malversación de más de G. 300 millones.
Samaniego, imputado por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, está acusado de utilizar fondos de la Municipalidad de Quyquyhó para beneficio propio y de su círculo cercano entre 2011 y 2017. Las investigaciones indican que durante su mandato como intendente, Samaniego emitió cheques para realizar pagos a familiares y representantes de empresas, acumulando un beneficio ilícito de G. 338.595.000.
El juez Otazú también ha decretado como medida preventiva la inhibición general de enajenar y gravar bienes de los imputados, así como el embargo preventivo sobre las cuentas corrientes que posean, incluyendo a las empresas vinculadas al esquema, como “BH Services SRL”, “Soluciones Empresariales”, “Legión de Servicios”, “JA Construcciones” y “JOB Construcciones”.
Entre los imputados se encuentran figuras cercanas a Samaniego, como su esposa y actual intendenta de Quyquyhó, Patricia Adriana Corvalán; su madre Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego; su cuñado Damián de Jesús Galarza; y su excustodio, el suboficial de policía Cristhian Daniel Domínguez.
El caso también involucra a representantes legales y funcionarios de empresas y entidades gubernamentales, quienes habrían participado en este esquema de corrupción. Las acusaciones incluyen la emisión y cobro de cheques por parte de estas personas, utilizando fondos de la Municipalidad de Quyquyhó para servicios y obras públicas, entre otros fines.
Esta red de corrupción detalla cómo Samaniego y sus allegados habrían utilizado empresas y comisiones vecinales para desviar fondos públicos. Además, se investiga la conexión entre estas firmas y el exintendente, incluyendo pagos millonarios realizados a estas empresas por servicios supuestamente prestados a la comuna.
El juez Otazú ha fijado la audiencia de medidas cautelares para el 20 de diciembre, lo que podría significar un punto de inflexión en este caso de alta corrupción.
Fuente: ABC Color.
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