Foto: Gentileza ABC Color
Los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas solicitaron este viernes la imputación a camaristas Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro. El pedido ingresó formalmente a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) en Asunción. Los denunciantes sostienen que los magistrados cometieron los hechos punibles de prevaricato y tráfico de influencias. Esta acción judicial surge tras beneficiar al senador colorado Hernán Rivas con un sobreseimiento definitivo.
La denuncia llegó ante el fiscal Luis Piñánez a las 7:40 horas de esta mañana. Los letrados argumentan que existen pruebas contundentes contra los integrantes del Tribunal de Apelación. Según el escrito presentado, los jueces emitieron sus votos sin sustento jurídico para salvar al legislador procesado. Hernán Rivas enfrenta cargos por producción mediata de documentos públicos de contenido falso. Esta situación motivó la investigación urgente sobre el actuar de los citados magistrados.
Los denunciantes resaltaron que el vínculo entre los jueces y el político es evidente. Afirmaron que los camaristas buscaron favorecer a Rivas desde el inicio del proceso penal. Indicaron que Delio Vera Navarro y Bibiana Benítez poseen lazos directos con el equipo político del senador. Por ello, consideran que el fallo de prescripción fue una maniobra realizada al margen de la ley. Los documentos adjuntos acreditarían graves irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló la “salvada” al senador colorado recientemente. Los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes integraron la instancia junto al camarista Arnaldo Fleitas. El fallo de la máxima instancia anuló el Auto Interlocutorio N° 850 del juez Miguel Palacios. También quedaron sin efecto las resoluciones N° 102 y N° 107 del Tribunal de Apelación. Esta decisión judicial permite que Hernán Rivas enfrente nuevamente un posible juicio oral.
Los ministros consideraron que la prescripción del hecho punible se declaró de forma errónea previamente. Argumentaron que los hechos de la acusación coinciden con los remitidos al juzgamiento público. Por lo tanto, no existían fundamentos válidos para excluir la calificación de producción de documentos falsos. La Sala Penal explicó que cualquier cambio jurídico debe debatirse durante el juicio oral. Así, se ratificó que el proceso penal contra el legislador debe seguir su curso ordinario.
La Corte enfatizó que no hay obstáculos para debatir sobre los mismos hechos fácticos presentados. El procesado conocía la calificación de producción de documentos falsos desde el inicio del proceso. El juzgado de garantías aplicó criterios equivocados al dictar el sobreseimiento del legislador colorado. Esta corrección de la máxima instancia fundamenta el pedido de imputación a camaristas realizado por los abogados. La justicia busca ahora esclarecer la legalidad de las actuaciones judiciales previas.
El fiscal Luis Piñánez analiza actualmente todas las documentaciones relacionadas al proceso penal contra el senador. Entre los elementos de estudio figura el acta de la audiencia preliminar y el fallo de la Corte. También se verifican los recursos de apelación de las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero. El Ministerio Público determinará si existen méritos para formular la imputación contra los magistrados. Esta etapa definirá la responsabilidad penal de los miembros del tribunal denunciados por prevaricato.
La defensa de Hernán Rivas también presentó sus respectivos escritos ante la unidad especializada interviniente. Todas las piezas procesales están bajo estricta verificación por el fiscal de Delitos Económicos. Piñánez no descarta solicitar informes adicionales a las distintas instancias del Poder Judicial paraguayo. El objetivo es contrastar los fallos anulados con la normativa legal vigente en el país. La investigación se enfoca en los votos de Benítez y el ahora jubilado Vera Navarro.
En el tribunal, el magistrado José Agustín Fernández votó en disidencia sobre la prescripción del caso. Este voto diferenciado es clave para sostener la tesis del presunto prevaricato en la causa. Mientras la Fiscalía procesa los datos, la ciudadanía observa el desenlace de esta controversia judicial. La posible imputación a camaristas marcaría un precedente en el control de la magistratura nacional. Se aguarda una resolución oficial del Ministerio Público en el corto plazo.
Fuente: ABC Color
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