Foto: LPO
En un giro importante en la política argentina, el presidente Javier Milei se vio obligado a realizar modificaciones sustanciales en su propuesta de Ley Ómnibus con el objetivo de ganar el respaldo de la oposición dialoguista y lograr la aprobación inicial en la Cámara de Diputados. Estos cambios son cruciales en su búsqueda de completar el proceso legislativo antes del cierre del período extraordinario el 15 de febrero.
Uno de los principales ajustes realizados por el oficialismo fue la renuncia a varias emergencias públicas, reduciendo su cantidad de 11 a 6, con la posibilidad de disminuir aún más a 5 si ciertos grupos parlamentarios, sugeridos por la ministra Patricia Bullrich, se oponen. Además, el ministro de Economía, Luis Caputo, retiró por completo el capítulo fiscal del proyecto de Ley Ómnibus.
En la versión original de la Ley Ómnibus, se establecía la emergencia pública en diversas áreas hasta el 31 de diciembre de 2025, con la opción de extenderla por dos años adicionales. Sin embargo, las negociaciones políticas llevaron a la cancelación de emergencias en las áreas de defensa y salud, y a la posibilidad de eliminar la emergencia en seguridad. Además, se acortó el plazo a 1 año, con la opción de prórroga por otro año, sujeta a la autorización del Congreso.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la eliminación del capítulo fiscal, lo que implicó abandonar elementos fundamentales del plan económico gubernamental. La propuesta inicial del Gobierno incluía la eliminación de la fórmula de movilidad de jubilaciones y aumentos por decreto, pero la resistencia de la oposición impidió el acuerdo.
Además, se descartaron las retenciones propuestas para diversas industrias y el aumento de impuestos a algunos subproductos de la soja. La propuesta de blanqueo de capitales y la moratoria también se excluyeron junto con otros temas fiscales que habrían afectado los ingresos provinciales.
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El plan original de privatizar 40 empresas, incluyendo YPF, sufrió una marcha atrás, lo que resultó en la reducción del número a 27 entidades y la consideración de esquemas mixtos para empresas estatales significativas. Se establecerá una comisión bicameral de seguimiento para este proceso, aunque sus resoluciones no serán vinculantes. La consolidación de la deuda del sector público también se eliminó, manteniendo la opción de venta de instrumentos para obtener divisas.
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La ambiciosa reforma electoral propuesta por Milei no avanzó y se pospuso para su debate en el período ordinario. Además, se suprimió un artículo que requería autorización para manifestaciones.
Por último, se descartaron las modificaciones relacionadas con la Ley de Pesca y la Ley de Quema. Se agregó un artículo que garantiza recursos para el Fondo de Bosques, mostrando un compromiso ambiental después de las negociaciones.
Fuente. ABC Color.
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