El renovado proyecto de Ley de la Función Pública y la Carrera de Servicio Civil establece estricciones para contratar asesores que sean parientes de funcionarios públicos, conocidos coloquialmente como “nepobabies”. Esta medida busca poner fin a las críticas sobre el nepotismo que ha permeado el Congreso durante esta administración. Según el artículo 13 del proyecto, los funcionarios solo podrán nombrar hasta tres asesores, con al menos cinco años de experiencia profesional en la materia.
Entre los casos más destacados que han generado controversia está el de Elías Godoy, hijo de la diputada Roya Torres, quien, a sus 19 años y con solo un título de bachiller, estaba recibiendo un salario significativo como asesor. Otro caso es el de Alejandro Ovelar, hijo del presidente del Senado, Silvio “Beto” Ovelar, quien también fue contratado como asesor en la Cámara de Diputados, generando incluso una denuncia penal por nepotismo.
El proyecto de ley también establece que los asesores designados no estarán sujetos a concursos públicos, sino que solo necesitarán demostrar cinco años de experiencia en el campo, lo que ha despertado preocupaciones sobre la posibilidad de más contrataciones de personas cercanas a los políticos. Sin embargo, aquellos que ocupen estos puestos considerados de confianza serán automáticamente desvinculados una vez que la autoridad que los nombró cese en sus funciones, sin derecho a indemnización.
El proyecto también busca ampliar la transparencia en la función pública al establecer que el Ministerio de Economía y Finanzas supervisará las políticas de remuneración en todas las instituciones del Estado. Se espera que el proyecto sea tratado en las comisiones parlamentarias luego del receso, ya que es una prioridad del Ejecutivo en sus planes de reforma.
Fuente: ABC Color.
