La Corte Suprema de Justicia, junto con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), articula un plan para que los municipios cuenten con datos de padres que adeudan prestaciones alimentarias, a efectos de que no se les concedan registros de conducir.
El ministro de la Corte Suprema, Alberto Martínez Simón, representó al Poder Judicial en la reunión interinstitucional, cuyo propósito es coordinar acciones para dar a conocer el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y que sea una herramienta de utilidad para otras instituciones del Estado, en particular los municipios.
Específicamente, se proyecta que los municipios adheridos a la OPACI tengan acceso al REDAM para verificar si los solicitantes de un carnet de conducir se encuentran en ese registro. Una vez comprobado que el solicitante no es deudor alimentario moroso, se expediría el documento. En caso contrario, se negaría su otorgamiento.
El ministro Alberto Martínez Simón dio detalles sobre el plan para que los municipios accedan al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y de esa manera no conceder registos de conducir a quienes adeuden cuotas alimentarias a sus hijos y figuren en el REDAM. pic.twitter.com/hQ5d4qhcHK
— El Observador (@observapy) March 8, 2024
Según Martínez Simón, el REDAM puede ser una herramienta eficaz no solo para documentar los incumplimientos en materia de prestación alimentaria, sino también como condicionante para el acceso a otras documentaciones, como es el caso de los registros de conductor.
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Actualmente, existen 714 personas registradas en el REDAM, en su mayoría hombres. Este número obedece a que la herramienta aún es desconocida por la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, con esta iniciativa y la publicidad de la misma, se espera que más personas acudan a ella para documentar los datos de deudores alimentarios.
Esta medida busca ejercer presión sobre aquellos padres que incumplen con sus obligaciones alimentarias, a fin de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una manutención adecuada y proteger su interés superior.
Fuente: El Observador
