El régimen venezolano ha reaccionado con un enérgico repudio cargado de chabacanería contra sus históricos aliados en la región, el colombiano Gustavo Petro, el uruguayo José Pepe Mujica y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quienes criticaron la implacable ofensiva del chavismo para inhabilitar a los liderazgos opositores y garantizar así la reelección de Nicolás Maduro el próximo 28 de julio.
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Jorge Rodríguez, presidente del congreso unicameral y una de las figuras más importantes del gobierno de Maduro, expresó: “No nos metemos en los asuntos de nadie. Métanse sus opiniones por donde les quepan”. El funcionario cuestionó a los líderes de centroizquierda, sosteniendo que “carecen de conocimiento, ignorancia o tienen miedo” frente a lo que describió como “el plan insurreccional magnicida” de la oposición venezolana.
Esta narrativa del régimen, que denuncia una supuesta colusión de la dirigencia disidente para matar al líder chavista, ha sido utilizada como pretexto para la ofensiva contra la oposición, incluyendo arrestos y desapariciones de dirigentes. Maduro ha llegado incluso a calificar al partido Vente Venezuela, liderado por la ex diputada María Corina Machado, como una “organización terrorista”, extendiendo este ataque a todo el arco antichavista.
El principal desafío que enfrenta la autocracia venezolana radica en el amplio apoyo que ha obtenido Machado, quien cuenta con el respaldo de más del 90% del espacio opositor y, según encuestas, mantendría una considerable ventaja sobre Maduro en unas elecciones libres.
Ante la posibilidad de una derrota del experimento chavista tras un cuarto de siglo en el poder, se ha creado la conspiración mencionada por Rodríguez para apartar a la oposición y allanar el camino a la segunda reelección del líder venezolano.
En las últimas semanas, líderes regionales han condenado no solo la inhabilitación de Machado por 15 años, sino también las maniobras evidentes para impedir que el sistema electoral inscriba a Corina Yoris, designada por la ex diputada para reemplazarla en las urnas, a pesar de no tener trabas judiciales.
El giro en la postura del gobierno brasileño del PT ha sido especialmente preocupante para el régimen venezolano. La cancillería y el propio presidente Lula han condenado estos abusos, señalando que el impedimento a la candidatura de Yoris “no es compatible con los acuerdos de Barbados” y que, hasta la fecha, no ha habido explicaciones oficiales al respecto.
Estos acuerdos, que involucraron a EE.UU., la UE y Brasil, establecieron el año pasado una agenda de apertura democrática en Venezuela, incluyendo la liberación de presos políticos y el fin de las proscripciones. A cambio, Washington levantó temporalmente las principales sanciones contra el país caribeño, entre otras concesiones reclamadas por Caracas.
Por primera vez, Lula cuestionó personalmente como “graves” los movimientos del chavismo, afirmando que desea que las elecciones en Venezuela se realicen como en Brasil, con la participación de todos. Esta postura ha generado pérdidas de popularidad para el líder del PT, debido a sus anteriores apoyos públicos a Maduro.
#VIDEO | Lula da Silva repudió el bloqueo de la candidatura de Corina Yoris en Venezuela por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Afirmó que es «grave» y «no tiene explicación jurídica». pic.twitter.com/BWjppRjOuA
— VOZ (@VozMediaUSA) March 28, 2024
La reacción del régimen venezolano ante las críticas de sus aliados regionales evidencia la creciente presión internacional que enfrenta por las irregularidades en el proceso electoral. La inhabilitación de liderazgos opositores y las trabas a candidaturas alternativas han generado un amplio rechazo, incluso entre aquellos que históricamente han respaldado al chavismo.
Mientras tanto, la oposición venezolana continúa luchando por unas elecciones libres y transparentes, en las que todos los actores políticos puedan participar en igualdad de condiciones. La comunidad internacional mantiene su atención en el desarrollo de los comicios, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos previos y el respeto a los principios democráticos.
Fuente: Clarín
