El diputado cartista Jatar “Oso” Fernández, miembro de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) conocida como “comisión garrote”, aseguró tener “indicios” de que las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) están utilizando los recursos que manejan para desestabilizar la democracia en Paraguay. Esta declaración se dio un día después de que el Congreso sancionara el controvertido proyecto de ley anti-ONG, considerado “dictatorial” por la oposición.
Durante la reunión de la CBI, enfocada en temas de lavado de dinero y tráfico de armas, Fernández expresó su preocupación por los USD 1.700 millones que, según informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), ingresaron a las ONG en 2023. “No hay problema que la plata venga, pero queremos saber en qué se utiliza”, afirmó, aludiendo a la posibilidad de que esos fondos sean usados para actividades que atenten contra el orden democrático.
El diputado, alineado con el movimiento Honor Colorado, fue tajante al insistir en la necesidad de garantizar la transparencia en el uso de estos fondos, sugiriendo que podrían ser utilizados para “terrorismo de Estado”. Sus declaraciones refuerzan el discurso del oficialismo sobre la importancia de la nueva normativa que establece un control estricto sobre las organizaciones civiles.
El diputado Jatar “Oso” Fernández (cartista- exCruzada) habla de combatir terrorismo de estado.
Exige transparentar uso de dinero administrado por ONG.Seguinos #ABCTvPyhttps://t.co/ZvwJlbwLwV pic.twitter.com/M7dsIjkN8i
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 10, 2024
Esta ley ha sido catalogada por los opositores como un instrumento para perseguir a las ONG críticas del gobierno, así como un paso hacia una posible restricción de la libertad de prensa. El senador Dionisio Amarilla, otro promotor de la ley, también defendió el control sobre las ONG, destacando la necesidad de reglamentar los mecanismos de fiscalización tras la promulgación de la normativa.
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El encuentro de la Comisión Bicameral también incluyó la comparecencia del ministro de Defensa, Gral. Óscar González Cañete, y el director de Material Bélico (DIMABEL), Gral. Melanio Salomón Servín, para tratar el tráfico de armas en Paraguay. La reunión se mantuvo en carácter reservado a pedido del ministro de Defensa, para no entorpecer las investigaciones en curso.
La sanción de la ley “garrote” ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Diversos gremios y la comunidad internacional, incluidos sectores de la Iglesia Católica, han advertido que esta normativa pone en riesgo el sistema democrático paraguayo. Estas preocupaciones fueron agravadas por la reciente expulsión de la exsenadora Kattya González del Senado, una medida también impulsada por el cartismo.
Fuente: ABC Color
